La diputada popular exhibió el bote como símbolo de la inseguridad en Ceuta; el gas escapó durante su manipulación, dejando una baja laboral y un misterio sin resolver
Ana Vázquez, diputada del PP conocida por su confrontación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, usó ayer un bote de espray de pimienta en el Congreso para denunciar la falta de libertades en Ceuta. El incidente derivó en 12 personas atendidas por inhalación, una baja laboral y la apertura de una investigación contra la diputada y un asesor del PP, acusado de manipular el bote y provocar la fuga del gas.
Vázquez exhibió el frasco negro desde su escaño, afirmando que era un «símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutíes». Sin embargo, la presidenta del Congreso, Mercedes Fernández Armengol, ordenó su retirada al considerar el espray un «arma», según el Reglamento de Armas, que lo clasifica como «artículo de defensa personal» pero exige mayoría de edad para su compra. La diputada abandonó el hemiciclo antes de ser expulsada, mientras su grupo parlamentario la ovacionaba —excepto Alberto Núñez Feijóo, que mantuvo distancia—.
El escándalo escaló cuando el gas se filtró durante su manipulación por un asesor del PP, según imágenes difundidas por socialistas. El líquido se esparció por los conductos de ventilación, afectando a tres baños cercanos a los despachos de asesores, entre ellos miembros de Bildu y Vox, desalojados por olores aunque sin síntomas. La Comisaría del Congreso investiga si el asesor, un periodista veterano, será sancionado como «autor material» de la fuga, con posibles medidas cautelares como la suspensión temporal de su acreditación.
El incidente revivió el debate sobre la seguridad en Ceuta, donde Vázquez argumentó que las mujeres necesitan defenderse tras la crisis migratoria. Sin embargo, la ley actual prohíbe a menores poseer espray, lo que plantea un dilema: ¿deben las ceutíes armarse para protegerse o el Estado debe garantizar su seguridad? Mientras, el Congreso enfrenta su primera crisis por sustancias químicas desde que Gabriel Rufián usara una impresora como atrezzo en 2017, marcando un nuevo episodio de performances políticas que desafían los protocolos parlamentarios.
