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Sáb. Sep 26th, 2026
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La Diputación activa líneas de catástrofes, contratos de limpieza y subvenciones adicionales al Bono DipuComerç para afectados por fuego y confinamientos

La Diputación de Castellón ha movilizado **1,35 millones de euros** para atender a los 18 municipios afectados por los incendios de este verano, tanto los que sufrieron fuego como aquellos que activaron confinamientos o evacuaciones preventivas. Las ayudas, gestionadas desde el primer momento, incluyen líneas de catástrofes, convenios específicos y bonos para reactivar la economía local.

Las partidas más urgentes —más de **1 millón de euros** en subvenciones— se dirigen a municipios de menos de 20.000 habitantes para cubrir gastos de vigilancia, protección de infraestructuras y consolidación de perímetros afectados. Los incendios de **Soneja, la Vall d’Uixó y Tírig** ya han recibido estas ayudas, mientras que el de **Segorbe** (el último registrado) será aprobado el próximo martes en la Junta de Gobierno. Además, se han firmado dos convenios de **100.000 euros cada uno** para reforzar la capacidad de respuesta de **Vall d’Uixó y Onda**.

La presidenta **Marta Barrachina** destacó que la recuperación no se limita a lo material: el **Bono DipuComerç** —con un presupuesto total de **2 millones de euros**— incluye una subvención adicional de **95.500 euros** para comercios y autónomos de los municipios afectados, con el objetivo de «recuperar la actividad y la confianza» tras los incendios. El vicepresidente **Héctor Folgado** subrayó que la respuesta provincial prioriza la **rapidez y la proximidad**, activando incluso contratos de emergencia como el de limpieza en **Vall d’Uixó** (36.516 euros) para devolver la normalidad a los vecinos.

El marco legal aplicable son los **convenios de catástrofes** de la Diputación, que permiten destinar fondos sin necesidad de trámites administrativos prolongados. Según Folgado, esta agilidad es clave: «Cuando hablamos de emergencias, el tiempo importa». Los incendios de 2026 —los más graves en la provincia desde 2012— han dejado al descubierto la vulnerabilidad de zonas rurales, donde el 60% de los municipios afectados tienen menos de 5.000 habitantes y dependen en un 40% de su economía del turismo y la agricultura, sectores directamente impactados por los siniestros.

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