La secretaria general del PSOE-A vincula el caso Maricarmen con la urgencia de aplicar la Ley de Vivienda estatal para regular precios en la capital
La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, **María Jesús Montero**, ha vinculado este sábado el polémico desahucio de la anciana de 87 años en Madrid —el caso Maricarmen— con la necesidad urgente de aplicar la **Ley de Vivienda estatal** para declarar **zonas pensionadas** y regular los precios del alquiler. La medida responde a un incremento del **75% en los alquileres desde 2018**, según datos que citó Montero en su intervención.
La portavoz socialista exigió activar herramientas legales ya existentes para contener la subida descontrolada de precios en la capital, donde el caso de Maricarmen —desahuciada pese a su edad y vulnerabilidad— ha reavivado el debate sobre la **protección de colectivos en riesgo de exclusión residencial**. La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, permite a las comunidades autónomas declarar zonas pensionadas y limitar los precios, pero su aplicación ha sido lenta y desigual en las distintas regiones.
El PSOE-A apuesta por acelerar este mecanismo en Madrid, donde el **75% de subida en ocho años** supera la media nacional (un **42% desde 2018**, según el Ministerio de Transportes). La medida chocaría con el **PP**, que ha criticado en repetidas ocasiones la intervención estatal en el mercado inmobiliario, argumentando que ahuyenta inversión. Sin embargo, el caso Maricarmen —con imágenes virales de su desahucio y la posterior ocupación simbólica de su vivienda— ha aumentado la presión social y política sobre el Gobierno para actuar.
La **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)** ya advirtió en 2025 sobre la **especulación en alquileres turísticos**, que en Madrid representa el **30% del parque residencial**. Montero no mencionó este dato, pero su propuesta se enmarca en un contexto donde el **37% de los madrileños** destinan más del **40% de sus ingresos** a pagar vivienda, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024. La aplicación de la ley en la capital dependería ahora de un acuerdo con el **Ayuntamiento de Madrid**, gobernado por el PP, que hasta ahora ha rechazado medidas similares.
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