La Cámara Alta denuncia un ‘abuso indefinido’ de las prórrogas presupuestarias y pide anular las del trienio 2024-2026; el Ejecutivo se compromete a presentar los PGE antes de fin de año para evitar el varapalo judicial
Pedro Sánchez se enfrenta a un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que podría declarar inconstitucional la prórroga presupuestaria de los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2023 para los años 2024, 2025 y 2026. Según fuentes consultadas por El Confidencial, el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido está previsto que dicte sentencia antes de Navidad, probablemente en el pleno de diciembre, dando la razón al Senado, que planteó un conflicto de atribuciones contra el Gobierno por este incumplimiento.
El Gobierno, que no ha presentado un proyecto de ley de Presupuestos en toda la legislatura, se compromete ahora a cumplir con la Constitución —artículo 134— y presentar los PGE antes de fin de año para evitar el fallo judicial. La Cámara Alta exige que el TC anule las prórrogas de 2024 y 2025 y establezca un plazo máximo para que el Ejecutivo cumpla con su obligación constitucional.
El Senado denuncia que el Gobierno ha vulnerado los artículos 1.3, 66.2, 134 (apartados 1, 2, 3, 4 y 5), 23 y 99.2 de la Constitución, al no presentar los PGE en los plazos establecidos. Además, critica el uso ‘abusivo’ de la prórroga presupuestaria, ya que desde 2023 —cuando se aprobaron las últimas cuentas— el Gobierno ha prorrogado las mismas sin aprobar un nuevo proyecto de ley.
La prórroga presupuestaria, según el artículo 134.4 de la Constitución, solo debe ser un recurso excepcional y temporal. Sin embargo, el Gobierno ha recurrido a ella de forma continuada, modificando las cuentas públicas al margen del Parlamento, lo que el Senado considera una vulneración directa del artículo 134.5.
El conflicto de atribuciones: cómo llegó el Senado al TC
El Senado inició el conflicto de atribuciones en 2024, tras constatar que el Gobierno no había presentado los PGE para ese año, como exige el artículo 134 de la Constitución. La Cámara Alta argumentó que el Ejecutivo incumplía su obligación de remitir el proyecto de ley al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los PGE del año anterior.
En 2025, el Senado reiteró su denuncia, esta vez incluyendo también el incumplimiento de 2024 y 2025. La Cámara Alta solicitó al TC que declarara la nulidad de las prórrogas y obligara al Gobierno a presentar los PGE en un plazo razonable. El TC, tras analizar el caso, está a punto de fallar a favor del Senado, lo que supondría un precedente histórico en la gestión presupuestaria del Estado.
El Gobierno, por su parte, ha evitado hasta ahora presentar los PGE, alegando dificultades técnicas y políticas. Sin embargo, la presión del Senado y la inminente decisión del TC han obligado al Ejecutivo a comprometerse a presentar los Presupuestos antes de fin de año, aunque aún no se ha concretado una fecha exacta.
¿Qué pasa si el TC falla en contra del Gobierno?
Si el Tribunal Constitucional falla a favor del Senado, el Gobierno deberá presentar los PGE antes de que finalice el año 2026, evitando así una prórroga adicional. Además, el fallo podría establecer un precedente para futuras legislaturas, obligando a los Gobiernos a cumplir con los plazos constitucionales en la presentación de los Presupuestos.
El Partido Popular (PP) y otras fuerzas de la oposición ya han anunciado que recurrirán a este fallo para exigir mayor transparencia y rigor en la gestión presupuestaria. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha criticado en varias ocasiones la falta de Presupuestos, señalando que esto ha generado inestabilidad económica y falta de planificación.
Por su parte, el Gobierno ha intentado justificar su postura, argumentando que la presentación de los PGE requiere un consenso político que no ha sido posible en esta legislatura. Sin embargo, el Senado y el TC no han aceptado esta excusa, insistiendo en que la Constitución es clara: los Presupuestos deben presentarse cada año.
El fallo del TC podría tener también consecuencias en el ámbito económico. La prórroga presupuestaria ha generado incertidumbre en los mercados y ha dificultado la planificación a medio y largo plazo. Si el Gobierno no presenta los PGE a tiempo, podría enfrentarse a nuevas sanciones judiciales y a una mayor presión política.
El marco legal: qué dice la Constitución sobre los Presupuestos
El artículo 134 de la Constitución establece que los presupuestos generales del Estado deben ser aprobados cada año. Según este artículo, el Gobierno debe presentar el proyecto de ley de Presupuestos al Congreso al menos tres meses antes de que finalice el año anterior. Si no se aprueban a tiempo, se prorrogan las cuentas del año anterior, pero solo como medida excepcional y temporal.
El artículo 134.4 especifica que la prórroga presupuestaria solo puede ser autorizada por ley y por un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, el Gobierno ha prorrogado las cuentas de 2023 durante tres años consecutivos, algo que el Senado considera inconstitucional.
Además, el artículo 134.5 establece que cualquier modificación de los Presupuestos debe ser aprobada por el Parlamento. El Gobierno, sin embargo, ha realizado cambios en las cuentas públicas sin el consentimiento del Congreso, lo que el Senado denuncia como una vulneración de la Constitución.
El Tribunal Constitucional ya ha fallado en otros casos sobre la prórroga presupuestaria, pero nunca había analizado un conflicto de esta magnitud. Si el TC da la razón al Senado, sentaría un precedente importante para futuras legislaturas, obligando a los Gobiernos a cumplir con los plazos constitucionales.
El fallo del TC podría llegar justo antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2027, lo que añadiría un nuevo elemento de incertidumbre al panorama político español. El Gobierno, por su parte, intentará presentar los PGE antes de que el TC dicte sentencia, aunque esto no garantiza que el conflicto quede resuelto definitivamente.
