El magistrado alerta de la «ley de la selva» en el mercado inmobiliario y pide medidas urgentes para proteger a inquilinos vulnerables
Joaquim Bosch, magistrado y exconsejero de Justicia de la Generalitat, ha acusado este jueves al sistema judicial español de permitir desahucios «impensables en Europa», como el de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad. En un vídeo viralizado con más de 140.000 visualizaciones, Bosch cuestiona cómo un país que se considera avanzado permite que el mercado inmobiliario —controlado por fondos de inversión y multipropietarios— decida el destino de personas en situación de vulnerabilidad.
El magistrado compara el caso con la protección que ofrecen países como Alemania, Francia o Dinamarca, donde, según su experiencia, «la vivienda es un derecho básico y un bien de primera necesidad». En estos países, aunque rige el libre mercado, se garantiza la permanencia de inquilinos en sus viviendas, algo que en España no ocurre. «Dejar la vivienda a merced de las reglas del mercado nos lleva a la ley de la selva», advierte Bosch, quien asegura que en los juzgados hay «muchísimas situaciones como la de Maricarmen».
El caso de Maricarmen, que ha saltado a la opinión pública, se enmarca en un contexto de creciente presión social por la falta de políticas de vivienda digna. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 más de 1,2 millones de hogares en España destinaban más del 40% de sus ingresos a pagar alquileres o hipotecas, una cifra que ha crecido un 18% en los últimos cinco años. Mientras, fondos de inversión y grandes tenedores de viviendas han incrementado su presencia en el mercado, concentrando el 30% del parque residencial en algunas ciudades, según informes del Colegio de Registradores.
Bosch no solo critica la pasividad judicial, sino también la falta de voluntad política para regular el mercado. «Nuestros poderes públicos deben impulsar medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna», reclama, en referencia a propuestas como la limitación de precios en zonas pensionadas o la expropiación de viviendas vacías. Su llamado coincide con el debate parlamentario en curso sobre la Ley de Vivienda, que el Gobierno ha prometido aprobar antes de final de año, aunque sin detalles concretos sobre cómo abordará el problema de los desahucios a personas vulnerables.
El vídeo del magistrado, publicado en redes sociales, ha generado un intenso debate. Mientras algunos usuarios lo celebran como un «llamado a la conciencia», otros cuestionan si las soluciones propuestas son viables en un sistema económico basado en la propiedad privada. Lo cierto es que el caso de Maricarmen ha puesto el foco en un problema estructural: en España, el 60% de los desahucios se producen por impago de alquileres, según la Asociación de Jueces y Magistrados para la Democracia (Juezas y Jueces para la Democracia), una cifra que contrasta con la protección que ofrecen otros países europeos.
