Antonio Sanz, vicepresidente de la Junta, justifica la urgencia con la «necesidad» de la norma antes de fin de año
El Gobierno andaluz aprobará antes de diciembre una ley integral para proteger a los profesionales sanitarios mediante decreto ley, una vía exprés que el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, justificó este viernes en Almería por la «urgencia y necesidad» de la norma. La medida, que se tramitará sin pasar por el Parlamento autonómico, busca blindar legalmente a médicos, enfermeros y personal sanitario frente a agresiones, un problema que en Andalucía registró 1.234 incidentes en 2025 según datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La norma, que Sanz presentó como prioritaria, se enmarca en un contexto de crecimiento anual del 15% en agresiones a sanitarios en la región, según informes internos de la Junta citados por el consejero. El decreto ley permitirá aplicar sanciones administrativas rápidas —hasta 6.000 euros— a quienes cometan estos actos, además de agilizar procedimientos judiciales. La tramitación acelerada evita el trámite parlamentario habitual, pero requiere refrendo en las Cortes de Andalucía en un plazo de 30 días.
La decisión llega tras meses de presión de sindicatos como CCOO y SATSE, que denuncian la falta de medidas efectivas. En 2024, Andalucía registró 23 agresiones graves con lesiones, el 30% más que en 2023, según el SAS. La ley también incluirá protocolos de protección para testigos y medidas de apoyo psicológico para víctimas, aunque su alcance exacto aún no está detallado.
El uso del decreto ley —herramienta excepcional— genera dudas sobre su solidez legal. La oposición en el Parlamento andaluz, donde el PP y Vox suman el 40% de los escaños, ya ha anunciado que impugnará la norma ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por «vulnerar el procedimiento legislativo». Sanz defendió la medida asegurando que «la gravedad de las agresiones no puede esperar a plazos parlamentarios».
