Dolors Montserrat pide a Ursula von der Leyen aclarar si apartará a la comisaria tras el informe de la Guardia Civil sobre fondos europeos
Una iniciativa parlamentaria del Partido Popular registrada este viernes reclama a la Comisión Europea evaluar el cargo de Teresa Ribera. La vicepresidenta del Grupo del PPE en la Eurocámara, Dolors Montserrat, presentó esta consulta formal ante Bruselas. El texto plantea revisar las funciones de Ribera tras conocerse un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la Audiencia Nacional. Dicha investigación penal analiza posibles irregularidades en gastos vinculados a la campaña socialista para las elecciones europeas de junio de 2024.
Las pesquisas judiciales están a cargo del magistrado Santiago Pedraz dentro de una causa que involucra a la exmilitante socialista Leire Díez. La Fiscalía Europea requirió antecedentes formales del caso ante sospechas de que las partidas señaladas comprometan fondos comunitarios. Por esa razón, Montserrat solicitó que el Ejecutivo comunitario confirme si recibió notificación oficial del órgano persecutor europeo. La eurodiputada del PP encabezó la lista electoral de su formación en 2024, unos comicios donde Ribera compitió directamente como candidata principal del PSOE.
El expediente judicial incorpora el testimonio prestado por Mónica Hurtado de Mendoza como responsable de la agencia Iki Group. Sus declaraciones versan sobre una asignación económica destinada al medio digital Crónica Libre. La factura concreta de publicidad electoral reflejada en los documentos asciende a 18.125,80 euros. Según reflejan los investigadores policiales, la contratación de ese soporte publicitario correspondió a una decisión adoptada por el propio PSOE. Los agentes destacan que la orden se mantuvo a pesar del limitado impacto y escasa difusión atribuibles al citado portal informativo.
La batería de preguntas apela de forma expresa al artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La norma regula los deberes de integridad, rectitud y conducta exigibles a cada comisario comunitario durante su mandato. Montserrat dirigió parte de sus requerimientos a la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen. En concreto, reclama aclarar si contempla ejercer las facultades del artículo 17.6 del Tratado de la Unión Europea. Ese precepto legal permite a la presidenta remodelar el gabinete y forzar la dimisión de cualquier integrante del colegio comunitario.
Este choque traslada a las instituciones de Bruselas la confrontación política habitual entre las dos formaciones mayoritarias de España. Ribera ejerce como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. Su nombramiento formal exigió un complejo proceso de confirmación parlamentaria previa. El Partido Popular intenta ahora forzar un pronunciamiento institucional que comprometa la estabilidad del cargo de la comisaria española. La Comisión Europea deberá responder por escrito a las dudas registradas por los populares durante las próximas semanas parlamentarias.
