El consejero madrileño reclama más suelo, inversión privada y agilidad para construir 74.000 viviendas protegidas ya en la región
Jorge Rodrigo, consejero De Vivienda de la Comunidad de Madrid, criticó este viernes la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez por dijo que restringía la oferta de alquiler sin bajar precios. y acusó a la norma de dijo que no podía hipotecar el futuro de los jóvenes. que no pueden emanciparse por falta de vivienda asequible.
Rodrigo, durante un desayuno informativo con Executive Forum, calificó la vivienda como dijo que era el mayor reto. de la región y advirtió de que Madrid necesita dijo que Madrid necesita más suelo disponible, seguridad jurídica y colaboración con el sector privado para resolver la crisis. La Comunidad lidera la construcción de vivienda protegida, con más de 74.000 unidades ya en cartera, pero el consejero insistió en que dijo que la solución es construir, construir y construir, en contraste con las «limitaciones» de la ley estatal.
La ley, aprobada en 2023, impone límites a los alquileres en zonas pensionadas y obliga a los grandes tenedores a destinar parte de su parque a vivienda asequible. Según Rodrigo, estas medidas han reducido la oferta sin impacto en los precios, un diagnóstico que choca con los datos del Gobierno, que atribuye el encarecimiento a la especulación y la escasez de suelo.
El conflicto refleja la división territorial: mientras el Ejecutivo central defiende la norma como herramienta para «garantizar el derecho a la vivienda», la Comunidad de Madrid —gobernada por el PP— la tacha de «obstáculo» para su estrategia de «vivienda libre y protegida». La región, con el parque de alquiler más dinámico de España, apuesta por incentivar la inversión privada en vez de regular los precios.
El debate adquiere relevancia electoral: en las elecciones autonómicas de 2027, el PP madrileño podría capitalizar el descontento por los precios, mientras el PSOE, aliado del Gobierno, defiende la ley como «herramienta de justicia social». La tensión entre autonomías y Estado se agudiza en un contexto donde el 60% de los jóvenes madrileños vive con sus padres, según datos de la Comunidad.
