La presidenta de Madrid acusa al Sindicato de Inquilinas de acosarla; el líder del PP evita mencionar el caso en su llegada a un acto
Alberto Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso han restado importancia al desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que perdía su vivienda tras décadas en ella. Feijóo, preguntado por periodistas sobre el desahucio que se producía ese mismo miércoles, respondió con un «Vengo a otra cosa». Ayuso, por su parte, calificó las protestas por el caso de «algaradas» en un foro del Círculo de Empresarios este jueves, vinculándolas a un «clima de tensión» que, según ella, «no favorece a la inversión».
El caso de Maricarmen ha expuesto las prioridades políticas de ambos líderes. Mientras una mujer de 87 años pierde su hogar, las declaraciones de Feijóo y Ayuso reflejan una desvinculación total del tema. Ayuso, además, ha acusado al Sindicato de Inquilinas de «acosarla», escalando el tono de un debate que ya de por sí enfrentaba a la derecha española con movimientos sociales y partidos de izquierda.
El desahucio de Maricarmen no es un caso aislado, sino parte de una tendencia creciente en España: según datos del Observatorio Desalojos, en 2025 se registraron más de 30.000 desahucios por impago de alquiler, un 12% más que en 2024. El Gobierno central, con leyes como la Ley de Vivienda de 2023, intentó limitar estos casos, pero su aplicación ha sido desigual en las comunidades autónomas, donde el PP gobierna con mayoría absoluta en 11 de ellas.
Las reacciones de Feijóo y Ayuso contrastan con las de otros actores políticos. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, ha criticado duramente estos desahucios, tachándolos de «injusticia social». Mientras, el Sindicato de Inquilinas ha denunciado que casos como el de Maricarmen son «la punta del iceberg» de un problema estructural en el mercado de alquileres, donde el 40% de los contratos en España tienen cláusulas abusivas, según un informe de la Asociación de Consumidores en Acción.
El desahucio de Maricarmen, además, llega en un momento clave: a menos de un año de las elecciones generales de 2027. Para el PP, gestionar el tema de la vivienda puede ser un arma de doble filo. Por un lado, su discurso de «seguridad jurídica» para inversores choca con la realidad de miles de familias en riesgo de exclusión. Por otro, cualquier concesión en este ámbito podría ser interpretada como debilidad por su electorado más conservador.
