El PP registra una moción en el Senado para exigir transparencia en la ‘ley de nietos’ y cuestiona la instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, que amplió los criterios de nacionalización
Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de realizar una ‘ingeniería electoral’ mediante la nacionalización de más de 2,6 millones de personas a través de la llamada ‘ley de nietos’, una medida que, según los populares, busca garantizar nuevos votantes para las elecciones generales de 2027. El Partido Popular ha registrado una moción en el Senado que exige información detallada sobre los procesos de nacionalización y su impacto en el censo electoral, además de cuestionar la instrucción administrativa de Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, que amplió los supuestos iniciales para obtener la nacionalidad española.
La iniciativa, que consta de una docena de puntos, reclama al Ejecutivo que garantice que la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática —conocida como ‘ley de nietos’— se ajuste estrictamente a lo aprobado por las Cortes Generales. Los populares denuncian que la instrucción de Puente, hermana del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ‘reinterpreta’ la norma y ha generado un volumen de solicitudes sin precedentes, con cerca de 2,6 millones de personas afectadas.
La moción también exige al Gobierno que remita un informe al Senado que demuestre el cumplimiento de los límites establecidos por el Parlamento, así como que cualquier modificación sustancial de los criterios de nacionalización sea sometida a las Cortes, evitando decisiones administrativas de rango inferior. Además, el PP solicita datos concretos sobre el número de solicitudes presentadas y denegadas, los expedientes resueltos y las nacionalidades concedidas, así como información detallada sobre la incorporación de nuevos electores al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), su distribución geográfica y las posibles correcciones en inscripciones erróneas.
Feijóo ha vinculado esta estrategia con las declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien pidió al Tribunal Supremo que resuelva sobre los recursos a la ‘ley de nietos’ antes de las elecciones de 2027. El PP también ha puesto el foco en la enmienda registrada por Sumar en una ley educativa, que busca blindar el derecho al voto de los nacionalizados, interpretando este movimiento como una ‘admisión de culpa’ por parte del Gobierno.
El contexto legal: de la ley de 2022 a la instrucción de Puente
La ‘ley de nietos’ fue aprobada en octubre de 2022 como parte de la Ley de Memoria Democrática, que permitía a los descendientes de españoles exiliados durante la dictadura franquista recuperar la nacionalidad. Sin embargo, la instrucción de Puente, publicada en 2023 cuando aún dirigía la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, amplió los criterios de aplicación, permitiendo la nacionalización incluso sin pruebas documentales sólidas de la vinculación con el exilio. Esta medida, según el PP, ha generado un aumento exponencial de solicitudes y ha convertido un régimen excepcional en un proceso masivo.
El Tribunal Supremo ya ha intervenido en el asunto: en una resolución cautelar, paralizó el derecho al voto de algunos descendientes nacionalizados y exigió a la Junta Electoral Central que verifique la vinculación con el exilio. Esta decisión ha reforzado las críticas del PP, que argumenta que el Gobierno ha utilizado la norma con fines electorales, especialmente en el voto exterior, donde la incorporación de nuevos electores podría influir en el resultado de las próximas elecciones.
Las implicaciones políticas: ¿un arma de doble filo para el Gobierno?
La moción del PP no solo busca transparencia, sino que también intenta exponer las divisiones internas del Gobierno. Mientras Sumar ha registrado una enmienda para blindar legalmente el derecho al voto de los nacionalizados, el PP interpreta este movimiento como un intento de ‘legalizar por la vía legislativa’ una medida que el Tribunal Supremo podría anular. Además, los populares han puesto en evidencia las declaraciones de Bolaños, quien pidió una resolución judicial antes de 2027, lo que, según Feijóo, confirma la intención de ‘aprovechar’ el proceso para beneficiar al PSOE en las elecciones.
El Gobierno, por su parte, no ha reaccionado aún a la moción, pero la presión del PP podría obligarle a aclarar su postura. Si los socios de coalición —como Sumar— votan en contra de la iniciativa, tendrían que justificar públicamente su apoyo a una medida que el PP califica de ‘opaca’ y ‘electoralista’. La votación en el Senado será clave para determinar si el Ejecutivo mantiene su línea o cede a las exigencias de transparencia.
Mientras, la Junta Electoral Central enfrenta el reto de verificar más de 2,6 millones de solicitudes en un plazo ajustado, especialmente en el CERA, donde la incorporación de nuevos electores podría alterar el equilibrio en circunscripciones clave para las elecciones. La resolución del Supremo y la respuesta del Gobierno a esta moción podrían definir el futuro de una de las reformas más polémicas de los últimos años.
