La moción popular pide datos exactos de nacionalidades concedidas, criterios administrativos y revisión del censo electoral afectado
El Grupo Popular en el Senado ha registrado una moción para obligar al Gobierno a detallar cómo se aplica la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática —conocida como ‘ley de nietos’—, que permite conceder la nacionalidad española a descendientes de exiliados. La iniciativa, que se debatirá la próxima semana, exige al Ejecutivo que publique datos específicos sobre solicitudes, resoluciones y criterios utilizados, así como que revise posibles errores en el censo electoral de residentes en el exterior.
La moción, a la que ha tenido acceso *The Objective*, incluye 12 puntos concretos para garantizar transparencia. Entre ellos, destaca la obligación de que el Gobierno «publicar y remitir al Senado información actualizada y desagregada» sobre el número de solicitudes presentadas, nacionalidades concedidas y denegadas, así como su distribución por países y oficinas consulares. También pide que se «facilite información detallada sobre el impacto de estas concesiones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes», incluyendo el número de nuevos electores incorporados.
El texto popular critica que la instrucción de la secretaria de Estado de Memoria Democrática, Sofía Puente, «amplió los supuestos legales» al incluir criterios económicos, familiares y académicos más allá de lo aprobado por el Congreso. La moción insta a que se «evite una ampliación de derechos sin cobertura legal» y que se «garanticen criterios homogéneos y verificables» para evitar extensiones sucesivas sin respaldo parlamentario.
El Grupo Popular justifica su ofensiva con la necesidad de que el Gobierno «asuma su responsabilidad» y aclare si su aplicación se ajusta a la ley. Fuentes populares señalan que «no tienen razón para votar en contra» si el Ejecutivo actúa conforme a la legalidad, pero advierten de que la instrucción de Puente «superó lo aprobado por las Cortes». La moción también exige que el Gobierno comparezca ante la Comisión Constitucional del Senado para explicar los criterios administrativos aplicados.
La ‘ley de nietos’ —aprobada en 2022— permite conceder la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, su aplicación ha generado polémica por la interpretación de los criterios para determinar el vínculo familiar, especialmente en casos de exilio por motivos económicos o académicos, no solo políticos. El censo electoral de residentes en el exterior (CERA) podría verse afectado por posibles errores en la incorporación de nuevos electores.
