El caso de Maricarmen refleja el fracaso de la ley de vivienda y la oposición parlamentaria a frenar fondos buitre, mientras el Gobierno paraliza su real decreto-ley
Urba gestión ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad, en Pinto (Madrid), pese a las movilizaciones de sindicatos y activistas. La empresa, vinculada a fondos buitre, se ha impuesto a las suspensiones judiciales impulsadas por el Sindicato de Inquilinas y colectivos sociales, que denunciaban la vulnerabilidad de la anciana para resistir el proceso.
El caso se enmarca en un contexto de parálisis política frente a los fondos buitre: el Congreso rechazó el pasado 15 de septiembre una proposición de ley de Sumar para prohibir que empresas adquieran viviendas con fines especulativos. PP, Vox, Junts votaron en contra, mientras PSOE, PNV y Coalición Canaria se abstuvieron. La medida, que podría haber evitado desahucios como el de Maricarmen, quedó bloqueada por la falta de apoyos.
El Gobierno, por su parte, mantiene en cajón un real decreto-ley que prorrogaría los alquileres hasta 2028, pero su tramitación depende de consensos parlamentarios. Mientras, ayuntamientos como el de Pinto —donde gobierna Más Madrid— denuncian que los fondos buitre actúan con impunidad: la concejala Elena Ancos (Más Madrid) ha alertado de que el municipio ha eliminado pisos sociales para ofrecérselos a médicos, dejando en lista de espera a cerca de 200 familias.
El caso de Maricarmen no es aislado: en 2013, la alcaldesa Ana Botella vendió 1.860 viviendas públicas de la EMES a Fidere por 128 millones, y en 2015, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, traspasó 2.935 viviendas a Azora por 201 millones. Estos precedentes reflejan una tendencia de privatización que agrava la crisis de vivienda, con fondos buitre comprando activos a precios bajos y desalojando a inquilinos vulnerables.
Alternativas como las de Berlín (donde Die Linke ganó el 25% de los votos en septiembre con un plan de municipalizar 220.000 viviendas) o modelos nórdicos —Dinamarca tiene 600.000 viviendas sociales (21% del parque residencial)— contrastan con la inacción española. El caso de Maricarmen, según Ancos, es «una imagen de nuestro fracaso como sociedad», donde la política prioriza los intereses de los fondos buitre sobre la dignidad de las personas.
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