Denis Itxaso advierte de sanciones a grandes tenedores y acelera trámites para proteger a 120 familias en Vizcaya tras el caso de Maricarmen
Denis Itxaso, consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, anunció este jueves que el Gobierno Vasco multará a fondos de inversión y grandes tenedores que incumplan la Ley de Vivienda, especialmente en zonas pensionadas, y priorizará la declaración de Erandio (Vizcaya) como zona pensionada para evitar desahucios a 120 familias de ‘Los Ocho’, amenazadas por un fondo buitre.
Itxaso reaccionó así tras calificar de «desoladora» la imagen de Maricarmen, una anciana de 87 años desalojada en Madrid, y acusó al Gobierno central de no aplicar la Ley de Vivienda de 2023. «Madrid no quiere aplicar una ley que sí cumplimos en Euskadi«, declaró, recordando que en su comunidad los grandes tenedores deben respetar prórrogas extraordinarias de hasta tres años para inquilinos en zonas pensionadas. El consejero advirtió que, aunque aún no se han impuesto sanciones, el Ejecutivo vasco está dispuesto a multar a quienes incumplan estas normas, incluyendo límites a los incrementos de alquiler.
En Erandio, donde 135 viviendas —14 con contratos que se extinguen este año— están en riesgo, Itxaso aseguró que se acelerarán los trámites para declarar la zona pensionada antes de enero, aunque reconoció que el proceso puede alargarse. «Tenemos 14 expedientes vivos en Bizkaia y Gipuzkoa, y más del 54% de la población vasca ya vive en zonas pensionadas», detalló. El Gobierno Vasco también estudia comprar las viviendas amenazadas, como ya hizo en Arrasate (147 pisos) y en la Errenteria, pero prioriza primero la declaración legal para obligar a los fondos a respetar los derechos de los inquilinos.
Itxaso alertó de que la falta de vivienda asequible amenaza la cohesión social y la economía, afectando a clases medias y jóvenes. «No somos infalibles, pero cumplimos la ley«, subrayó, mientras el Gobierno Vasco vigilará de cerca los 14 contratos que se extinguen en 2026 y prepara modificaciones legales para proteger viviendas en riesgo de perder su protección.
El caso de Maricarmen, según Itxaso, revela un «fracaso colectivo» por no aplicar leyes existentes. «Buscar culpas no arregla nada, pero cuando hay leyes que no se quieren aplicar por razones ideológicas, eso inflige un daño social«, criticó, destacando que en Euskadi se actúa «de tú a tú» con fondos de inversión, incluso comprando viviendas cuando es posible.
