El PSOE frena el decreto de vivienda hasta asegurar los votos de Junts y Podemos, mientras Sánchez culpa a Ayuso y Almeida del desalojo
El desahucio de Maricarmen este miércoles en Madrid ha abierto una brecha en el Gobierno de coalición. Sumar exige que el Consejo de Ministros apruebe el próximo martes el decreto ley de vivienda pendiente y la expropiación del piso de la anciana. El PSOE frena ambos pasos hasta tener amarrados los votos para convalidarlos en el Congreso.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emplazado al Ejecutivo a aprobar esa expropiación y un paquete para congelar los alquileres. «El próximo martes el Consejo de Ministros debe aprobar la expropiación de la vivienda de Maricarmen y un paquete para congelar los alquileres, como pedimos desde Sumar. Sí o sí», ha dicho. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha repetido el mismo plazo para el real decreto-ley de Vivienda.
El portavoz plurinacional y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado el desalojo de «punto de inflexión». Sostiene que el PSOE no puede esperar más para aprobar la norma que incluye la prórroga de los alquileres y la moratoria antidesahucios. Según su versión, esa moratoria habría impedido el desalojo de la anciana.
Desde la dirección de Sumar admiten que las negociaciones con los socialistas son «intensas» y confían en cerrarlas. Avisan, en todo caso, de que no se habrá logrado «nada» si los partidos de la mayoría de la investidura no están «a la altura» para sacar adelante la norma. El socio minoritario ha fijado además una línea roja nueva: expropiar la vivienda de Maricarmen para que pueda regresar a su casa.
El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha pedido estudiar esa vía. «Hay que estudiar todas las posibilidades, incluso socializar las casas que los fondos buitre han arrebatado al pueblo. Basta ya», ha reclamado.
El pulso por los votos de Junts y Podemos
En la Moncloa defienden que el decreto ley no se apruebe hasta tener garantizados los apoyos parlamentarios suficientes. El objetivo es evitar que vuelva a ser tumbado en el Congreso, como ya ocurrió antes del verano. La dificultad está en alinear las posiciones discrepantes de Junts y Podemos sobre la norma.
El propio Pedro Sánchez abordó la cuestión el miércoles desde Nueva York, donde participaba en la semana grande de la asamblea general de la ONU. El presidente del Gobierno coincidió en la necesidad de aprobar el decreto de vivienda con urgencia, pero no garantizó que fuera a ser ya el próximo martes. Urgió a los grupos de la mayoría de la investidura a respaldarlo para evitar su derogación.
Sánchez sostuvo que, si esa mayoría lo hubiera convalidado antes del verano, no se habría producido el desahucio. Y puso el foco sobre la presidenta y el alcalde de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, a los que atribuyó las competencias para haberlo evitado. Calificó lo ocurrido como «una tragedia social inaceptable» y reprochó a la presidenta madrileña estar más pendiente de su «aticazo» que de resolver el drama de Maricarmen.
El ministro socialista de Transportes, Óscar Puente, ha salido al paso de las reclamaciones de Sumar y de otras formaciones a la izquierda del PSOE. «Con lo fácil que era decir que Ayuso, que tiene las competencias en materia de vivienda en Madrid, ha tenido 6,3 millones de euros para comprar un ático para su uso personal, pero no menos de la décima parte para comprar la vivienda de Maricarmen. Pero no, había que culpar al PSOE», ha advertido.
Puente ha apremiado a Sumar a resolver su propia papeleta electoral. «A ver si toda esta movida sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pis pas, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo. Solo tienen que ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha. Está chupado», ha dicho. El partido sigue pendiente de decidir cómo concurrirá a las próximas elecciones generales y con qué candidato.
El ministro también ha respondido a las críticas desde su izquierda. «A mí a izquierdista no me gana nadie», ha advertido. «Y eso incluye no ponerme jamás en la posición de hacer de tonto útil de la derecha. Jamás. Por eso me odian más que a nadie. Yo jamás les seré útil. Ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica. Podré acertar más o menos. No soy perfecto. Pero útil a la derecha jamás. Ah, y las cosas se cambian sobre todo gobernando y casi nunca todo lo que uno querría. Pero esta reflexión es para adultos, no para niños», ha zanjado.
Qué se juega cada socio con el decreto
El desenlace depende de que el PSOE y Sumar cierren un texto que satisfaga a la vez a Junts y a Podemos, dos socios con exigencias opuestas sobre el alquiler. Sin ese acuerdo previo, el decreto se expone a una nueva derrota parlamentaria. El antecedente del verano pesa en la Moncloa: una norma de vivienda ya cayó en el Congreso por falta de apoyos.
La expropiación que reclama Sumar añade una dificultad jurídica. La figura existe en la ley para casos de utilidad pública o interés social, pero exige una declaración motivada y una indemnización al propietario. Aplicarla a un piso ya vendido a un fondo obligaría a fijar quién paga esa compensación y con qué cargo. Ninguna de las partes ha detallado aún ese extremo.
El calendario aprieta. Sumar ha puesto fecha al Consejo de Ministros del martes y ha convertido ese plazo en su principal palanca de presión. El PSOE, en cambio, condiciona la aprobación a los votos. Entre ambos plazos se decide si el decreto llega al Consejo antes o después de tener cerrada su convalidación en el Congreso.
