El bote activado tres veces en baños del Congreso deja 12 afectados; la Policía investiga si hubo lesiones y el trabajador del PP podría responder penalmente
Ana Belén Vázquez, diputada del PP, podría ser suspendida del Congreso y multada con hasta 30.000 euros tras activarse accidentalmente el spray de gas pimienta que exhibió en el hemiciclo para denunciar la crisis de Ceuta. El aerosol, manipulado después por un trabajador del PP en los baños parlamentarios, se disparó tres veces, afectó a 12 personas —entre ellas una delegada mauritana que sufrió vómitos— y obligó a precintar varias dependencias.
La diputada enfrenta dos vías disciplinarias: una suspensión temporal por el Reglamento del Congreso —que prohíbe portar armas en el recinto—, y una posible multa de 601 a 30.000 euros si se considera infracción grave según la Ley de Seguridad Ciudadana. El trabajador, en cambio, no puede ser sancionado por el mismo órgano, pero sí expulsado del Congreso o investigado penalmente si se demuestra que su manipulación del bote causó lesiones que requirieron tratamiento médico.
El caso revuelve el debate sobre el uso de aerosoles de defensa: aunque algunos están autorizados para venta, el Reglamento de Armas los clasifica como armas y el Congreso los prohíbe en su recinto. Vázquez los mostró en plena sesión para visibilizar la situación en Ceuta, pero ahora la Cámara debe decidir si su acción —portar y exhibir el spray— justifica sanciones. La Policía reconstruye los hechos para determinar responsabilidades, mientras el PP asegura que el trabajador actuó al limpiar restos de gas antes de entregarlo a las fuerzas de seguridad.
Las consecuencias podrían extenderse más allá de lo parlamentario: si se acreditan lesiones graves, el trabajador podría enfrentar penas de prisión de hasta tres años. El episodio, además, expone la fragilidad de los protocolos de seguridad en el Congreso, donde el gas se dispersó por los conductos de ventilación, afectando a áreas no previstas.
El Reglamento de Armas clasifica los aerosoles de defensa personal como armas, lo que implica que su porte sin licencia constituye una infracción. Aun así, el reglamento del Congreso prohíbe expresamente portar estos aerosoles dentro del recinto parlamentario, y la Mesa del Congreso debe remitir la solicitud de suspensión al Pleno, que decidirá si procede.
