Ayuso culpa a la justicia y al PSOE de no haber reformado leyes que permitieron el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años en Madrid, mientras los datos del CGPJ revelan un descenso del 10,9% en lanzamientos por alquiler en 2025
Pedro Sánchez incumplió en 2025 su promesa de 2015 de evitar desahucios en España. Desde que llegó al poder en junio de 2018, se han producido 269.000 lanzamientos en el país, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El caso de Maricarmen, una anciana de 87 años desahuciada en el distrito de Retiro (Madrid), ha reavivado el debate sobre la vivienda y la responsabilidad política.
El Gobierno de Sánchez culpó directamente a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital por el desahucio, mientras que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, recordó que la ejecución se realizó por orden judicial y que las leyes que lo permitieron el Gobierno y sus socios tuvieron ocho años para modificar.
En 2015, Sánchez prometió en un mitin en Andalucía que, de llegar a la Moncloa, no habría más desahucios en España. Un vídeo de ese momento, donde declaró: *»¡Ese va a ser mi compromiso! ¡No va a haber más desahucios en España con un Gobierno socialista!»*, ha sido compartido por Ayuso en sus redes sociales, acompañándolo del mensaje: *»Un hombre sin palabra no es nada»*.
Los datos del CGPJ revelan que, en 2025, se produjeron 25.540 lanzamientos en todo el país, un 10,9% menos que en 2024. De estos, el 71,7% (18.317) fueron por impago de alquiler según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 17% (4.346) correspondieron a ejecuciones hipotecarias. Los restantes 1.877 obedecieron a otras causas.
Por comunidades autónomas, Cataluña lideró los desahucios con 6.814 casos (26,6% del total nacional), seguida de Andalucía (3.782), la Comunidad Valenciana (2.992) y Madrid (2.267).
El contexto legal: ¿por qué no se reformó la LAU?
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), vigente desde 1994, regula los contratos de alquiler en España. Aunque el Gobierno de Sánchez ha impulsado medidas como el Fondo Social de Vivienda o ayudas al alquiler, no ha modificado la LAU, lo que ha permitido que los juzgados sigan ejecutando desahucios por impago. Expertos consultados por ElectionLAB señalan que la reforma de la LAU requeriría un consenso político difícil, dado que afecta directamente a propietarios e inquilinos.
Además, el Código Civil y la Ley Hipotecaria también permiten ejecuciones por deuda, lo que complica aún más una solución integral. Mientras, los partidos de la oposición, como el PP y Vox, exigen una reforma urgente, acusando al Gobierno de incumplir su palabra y de no proteger a los más vulnerables.
¿Qué se juegan los partidos en este debate?
Para el PSOE, el caso de Maricarmen puede dañar su imagen en materia social, especialmente en un año electoral. Aunque el Gobierno ha anunciado ayudas adicionales para víctimas de desahucios, la oposición aprovechará el debate para cuestionar su gestión en vivienda.
Por su parte, Ayuso busca reforzar su discurso contra el Gobierno central, acusándolo de no cumplir promesas y dejar la responsabilidad en las autonomías. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, podría ganar apoyo en el electorado conservador al criticar la falta de acción del PSOE, mientras que Vox podría capitalizar el malestar social con propuestas más duras, como la expropiación de viviendas vacías.
En el plano institucional, el CGPJ y los juzgados siguen aplicando la ley vigente, sin margen para actuar más allá de lo establecido. Sin embargo, el caso de Maricarmen ha reabierto el debate sobre la necesidad de una reforma legal, aunque sin un consenso claro entre los partidos.
Mientras, Maricarmen y otros afectados esperan una solución real, más allá de los discursos políticos. La pregunta que queda en el aire es si, tras ocho años de Gobierno socialista, España está más cerca o más lejos de cumplir la promesa de Sánchez.
Los datos del CGPJ también permiten trazar una comparación entre territorios que va más allá del liderazgo catalán. Madrid, la comunidad donde se produjo el desahucio de Maricarmen, registró 2.267 lanzamientos, una cifra que la sitúa por detrás de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, pero que adquiere una dimensión política añadida al ser el escenario del caso que ha reabierto la polémica. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, señalados por el Ejecutivo central, son las administraciones con competencias en materia de vivienda social y servicios sociales, lo que explica que el Gobierno haya dirigido hacia ellas su acusación.
En paralelo, el descenso interanual del 10,9% en los lanzamientos por impago de alquiler y del 14,3% en los derivados de ejecuciones hipotecarias refleja una tendencia a la baja que, sin embargo, no ha impedido que el volumen total siga siendo elevado. Esa contradicción entre la mejora estadística y la persistencia del problema es la que ha convertido el caso de Maricarmen en un símbolo: los números muestran una reducción, pero cada lanzamiento ejecutado mantiene abierto el debate sobre si las medidas adoptadas hasta ahora son suficientes para cumplir el compromiso que Sánchez adquirió en 2015.
