La proposición de ley, que se votará en el Senado el próximo miércoles, busca evitar ‘efectos llamada’ tras la sentencia que prohibió las devoluciones en caliente
El Partido Popular presentará en el Senado una reforma urgente de la ley de extranjería para subsanar la laguna legal que dejó al descubierto la sentencia del Tribunal Supremo del pasado julio. La proposición de ley se debatirá y votará en apenas una semana, concretamente el próximo miércoles 28 de septiembre, según anunció el PP. El objetivo es presionar al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha mostrado en algún momento disposición a modificar la normativa, pero no ha tomado medidas concretas.
La reforma busca solucionar el vacío legal que generó el fallo del Supremo, que declaró ilegales las ‘devoluciones en caliente’ cuando los migrantes llegan a nado a Ceuta y Melilla. Sánchez reconoció en julio, tras la crisis migratoria en Ceuta, que esa sentencia pudo contribuir al ‘efecto llamada’. Aunque el presidente abrió entonces la puerta a una reforma, el tema quedó en suspenso.
El PP aprovecha ahora la urgencia para impulsar el cambio legislativo, que podría modificar el marco legal vigente y evitar situaciones similares en el futuro. La iniciativa llega en un momento de alta tensión política por la gestión de la inmigración en las ciudades autónomas.
El contexto legal: la sentencia del Supremo que cambió las reglas
El Tribunal Supremo dictaminó en julio que las devoluciones en caliente —la práctica de expulsar a migrantes recién llegados sin darles acceso al territorio— no son legales cuando los inmigrantes llegan a nado a Ceuta y Melilla. Esta sentencia, que afectó directamente a la gestión de fronteras, dejó un vacío legal que el PP ahora busca cerrar con su reforma. Sánchez ya había reconocido entonces que el fallo podría haber influido en el aumento de llegadas.
¿Qué se juega cada actor?
Para el PP, esta reforma es una oportunidad para presionar al Gobierno y mostrar una postura firme en un tema clave en su agenda. Sánchez, por su parte, se encuentra en una posición delicada: aunque en un principio mostró apertura a cambios, no ha avanzado en la materia, lo que podría debilitar su imagen en la gestión de fronteras. Mientras, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en primera línea, dependen de una normativa que evite nuevos colapsos.
La votación en el Senado el próximo miércoles será clave para determinar si la reforma avanza o si el Gobierno logra bloquearla. Si se aprueba, podría sentar un precedente en la gestión de la inmigración en las fronteras españolas.
