Irregularidades en contratos de 2018, 2021 y 2023: la calidad del servicio quedó por debajo de la tecnología disponible
El Tribunal de Cuentas ha detectado este miércoles deficiencias graves en la compra y seguimiento de pulseras telemáticas para proteger a víctimas de violencia de género. El informe, publicado hoy, señala irregularidades en los contratos de 2018, 2021 y 2023 —vigentes hasta agosto de 2026—, donde el ahorro de costes primó sobre la calidad del servicio.
El órgano fiscalizador advierte de que la tecnología utilizada no garantizó la mejor protección disponible. Según el texto, «la calidad del servicio debe primar sobre el ahorro de costes y garantizarse la mejor tecnología disponible», una crítica directa a los criterios de contratación aplicados.
Estas pulseras, clave en medidas de alejamiento, dependen de sistemas telemáticos que monitorizan en tiempo real la distancia entre agresor y víctima. Su correcto funcionamiento es esencial para evitar reincidencias, según datos del Ministerio del Interior, que en 2025 registró 42.000 denuncias por violencia de género —un 12% más que en 2023—.
El informe no especifica qué administraciones o empresas participaron en los contratos, pero su vigencia hasta agosto de 2026 sugiere que afecta a múltiples comunidades autónomas. La fiscalización llega en un contexto de creciente presión política para reforzar las medidas de protección, especialmente tras casos mediáticos como el de La Manada o el asesinato de Diana Quer en 2023.
La próxima semana, el Tribunal de Cuentas presentará el informe en una comisión parlamentaria. Fuentes del PSOE y PP ya han solicitado acceso al documento completo para evaluar posibles responsabilidades políticas.
Los contratos analizados se renovaron cada tres años, con la última adjudicación en 2023, y el sistema telemático estuvo en funcionamiento hasta el último mes de agosto de 2026, cuando se decidió su sustitución por un nuevo proyecto de seguimiento más avanzado.
