El expresidente investigado por tráfico de influencias y delito fiscal no aportó documentación en junio y ahora tiene plazo hasta el miércoles
El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha dado un plazo de tres días al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar el origen de las joyas valoradas en más de un millón de euros encontradas en su despacho, según ordenó este martes. El magistrado investiga a Zapatero por tráfico de influencias y organización criminal por su presunta implicación en el rescate público de Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros, y por un posible delito fiscal por no declarar las joyas.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió este martes la presunción de inocencia de Zapatero en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. «Seguimos respetando un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico», declaró, aunque reconoció que el expresidente «sin lugar a dudas dará todas las explicaciones» tras el requerimiento judicial. Fuentes de la Moncloa confirmaron que el Gobierno mantiene su confianza en Zapatero pese a los indicios en su contra.
Zapatero ya declaró en junio ante el juez, pero pidió 10 días para aportar documentación sobre las joyas. Tres meses después, no ha cumplido y ahora el plazo expira este miércoles 23 de septiembre. El caso se enmarca en la investigación por el rescate de Plus Ultra, donde se investiga si Zapatero benefició a un grupo cercano vinculado a su etapa al frente del Gobierno.
La Audiencia Nacional investiga si las joyas, encontradas en una caja fuerte, fueron declaradas correctamente y si su origen está vinculado a actividades ilegales. El juez Calama ya había requerido documentación en junio, pero la falta de respuesta aceleró el plazo. El caso podría revelar irregularidades en la gestión pública durante la etapa de Zapatero (2004-2011), cuando se aprobaron rescates a empresas como Plus Ultra.
Mientras, el Gobierno evita pronunciarse sobre la credibilidad de Zapatero, pero su defensa de la presunción de inocencia contrasta con el avance de la causa, que incluye registros en su despacho y declaraciones de testigos. La presión judicial podría afectar su imagen pública, ya que el caso se suma a otras investigaciones en su contra.
