El Gobierno autonómico inicia expedientes contra migrantes irregulares y descarta desalojos inmediatos
El Gobierno de Ceuta ha solicitado este martes a la Secretaría de Estado de Seguridad el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) para reforzar a la Policía Local en la sanción de incumplimientos de ordenanzas municipales en el asentamiento de la playa del Trampolín. La medida, anunciada por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alejandro Ramírez, busca frenar la venta ambulante irregular y los problemas de ruido en la zona, competencias municipales que se han visto agravadas por la presencia de cientos de migrantes.
Ramírez explicó que la Policía Local actuará para garantizar el cumplimiento de las normas, aunque reconoció la complejidad de intervenir en un asentamiento con tanta densidad poblacional. Por ello, la Ciudad Autónoma ha pedido respaldo específico de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya que no se prevé un desalojo inmediato. «Sabemos que el desalojo no se hará de manera inmediata», afirmó, recordando que tras un intento previo de traslado de personas a instalaciones del Puerto, el Trampolín volvió a registrar un aumento de ocupación.
Además, el Ejecutivo ceutí ya ha iniciado expedientes sancionadores contra algunos de los migrantes que entraron irregularmente el pasado 31 de julio. Ramírez detalló que, hasta la fecha, se han aplicado sanciones por incumplimientos en Medio Ambiente y uso de espacios públicos, y se estudia derivar estos casos a la Policía Nacional para su evaluación en el ámbito de la normativa de extranjería. «Cualquier infracción administrativa cometida por residentes del asentamiento tendrá consecuencias», advirtió, aclarando que las actuaciones previstas no incluyen funciones policiales exclusivas de las FCSE, pero sí competencias municipales como el desalojo de venta ambulante, similar a lo ya realizado en la zona de la Almadraba.
El asentamiento del Trampolín, uno de los más grandes de Ceuta, se ha convertido en un foco de tensión desde la crisis migratoria de julio. La solicitud de refuerzo policial refleja la dificultad de gestionar la situación con recursos locales, mientras el Gobierno autonómico equilibra la presión por actuar con la necesidad de coordinación con el Estado. La Secretaría de Estado de Seguridad aún no ha confirmado si aceptará la colaboración, aunque la petición se enmarca en un contexto de creciente exigencia ciudadana por ordenar la zona.
