La Abogacía del Estado recurre la suspensión de inscripciones en el censo electoral, denunciando vulneración del derecho al sufragio
La Abogacía del Estado ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la paralización de las inscripciones en el censo electoral para los beneficiarios de la ley de nietos. El escrito denuncia que la medida priva del derecho al voto a cientos de miles de personas sin concederles audiencia ni permitir su participación procesal.
La ley de nietos, aprobada en 2022, permite recuperar la nacionalidad española a descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil. Según datos del Ministerio de Justicia, más de 300.000 personas han iniciado el proceso de inscripción en el censo electoral desde su entrada en vigor. La suspensión del Supremo, sin embargo, bloquea su incorporación como votantes, afectando directamente a las próximas elecciones autonómicas y municipales previstas para 2027.
El recurso argumenta que la decisión judicial vulnera el principio de legalidad y el derecho fundamental al sufragio activo, consagrado en la Constitución. Además, subraya que la paralización se ha aplicado de forma masiva sin garantizar los derechos procesales básicos de los afectados, como el derecho a ser oído. La Abogacía del Estado solicita que se levante la suspensión y se permita la inscripción en el censo, aunque el Supremo aún no ha dictaminado sobre el fondo del asunto.
Esta medida llega en un contexto de creciente tensión política alrededor de la ley de nietos. Mientras el Gobierno defiende su aplicación como un acto de justicia histórica, partidos como el PP y Vox han criticado su coste económico y su impacto en el sistema electoral. El Tribunal Supremo, por su parte, ha justificado la suspensión por posibles irregularidades en el proceso de inscripción, aunque no ha detallado cuáles son.
El recurso presentado por la Abogacía del Estado podría tener implicaciones más allá de este caso concreto. Si el Supremo mantiene su decisión, sentaría un precedente sobre cómo se gestionan los derechos fundamentales en conflictos legales complejos, especialmente cuando afectan a colectivos vulnerables. Mientras tanto, los afectados —muchos de ellos mayores de 65 años— ven amenazado su derecho a participar en las próximas elecciones, lo que podría influir en la representación política de sus regiones.
