El Gobierno celebra la decisión judicial, pero la crisis persiste: dos militares agresidos trasladados a Madrid y Vivas sigue sin colaborar
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional autorizó ayer la apertura de un campamento temporal en 16.000 metros cuadrados del puerto de Ceuta para albergar a hasta 1.800 migrantes, desestimando la medida cautelar del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que pedía su suspensión. La decisión, adoptada por razones de «interés general», permite al Gobierno avanzar en una solución que lleva mes y medio bloqueada desde la avalancha de más de 70.000 personas que cruzaron la frontera el 30 y 31 de julio.
El tribunal condicionó la apertura a que el Ministerio del Interior garantice la seguridad de los agentes y los inmigrantes, pero el Ejecutivo ya había advertido que no hay alternativas viables a este espacio. La Moncloa celebró la resolución como un «avance» para «restablecer la normalidad», aunque los ministros Óscar Puente y Ángel Víctor Torres insistieron en que la crisis sigue abierta: «El Gobierno lucha contra agentes que quieren que esto se enquiste», denunció Puente, señalando directamente al PP y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quien acusa de «deslealtad» por su falta de colaboración.
Mientras, la tensión escaló con la agresión a dos militares destinados en Ceuta, trasladados a Madrid para ser intervenidos quirúrgicamente. El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, confirmó su apoyo a los afectados, aunque no detalló la gravedad de las lesiones. Este no es un caso aislado: desde julio, las Fuerzas Armadas han registrado múltiples incidentes contra sus miembros en la ciudad autónoma, donde aún 3.500 migrantes permanecen en la calle, según datos del Gobierno.
El campamento, previsto hasta fin de año, depende ahora de la ejecución de las medidas de seguridad exigidas por el tribunal. Mientras, la oposición —encabezada por Feijóo— mantiene su postura de rechazo, acusando al Gobierno de «improvisación». La Audiencia Nacional, sin embargo, ha cerrado la puerta a nuevos recursos, dejando el operativo en manos de Interior. La pregunta que queda es si esta victoria judicial será suficiente para desbloquear una crisis que, según admitió un ministro socialista, «solo ha visto un punto y seguido».
