El tribunal de garantías analiza esta semana los primeros recursos de amparo contra la decisión del Supremo de excluir a los independentistas de la ley, en un conflicto que ha enfrentado a poderes del Estado y erosionado la confianza en la justicia
El Tribunal Constitucional inicia esta semana el examen de los primeros recursos de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía a los condenados por malversación en el procés, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont. La Sala de lo Penal del Supremo, en una interpretación contraria al objetivo de la ley y al consenso parlamentario que la aprobó, rechazó su aplicación a los principales dirigentes independentistas previamente condenados.
La resolución del Constitucional marca el cierre de un ciclo de activismo judicial sin precedentes, donde el Poder Judicial y el Ejecutivo se enfrentaron en un conflicto personalizado en este caso. Mientras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prorrogado por más de cinco años, se pronunció en contra de la ley antes incluso de su aprobación, el Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ) la han avalado.
El descrédito institucional generado por este enfrentamiento se refleja en las encuestas, pero especialmente en la percepción del Supremo, que asiste perplejo a una creciente desconfianza sobre la imparcialidad de sus miembros.
El Supremo rompe con la ley y abre la puerta al Constitucional
La decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a los condenados por malversación —incluyendo a Puigdemont, condenado en rebeldía— se basa en una interpretación que choca con el espíritu de la ley y el consenso parlamentario. La norma, aprobada en 2023, buscaba cerrar el conflicto político y judicial derivado del procés, pero el alto tribunal argumentó que los delitos de malversación no estaban cubiertos por su alcance.
Esta postura, avalada por el CGPJ antes de la aprobación de la ley, generó una fractura institucional. Mientras el Constitucional y el UJUÉ han respaldado la amnistía, el Supremo se alinea con una minoría judicial que cuestiona su validez, profundizando la división en el Poder Judicial.
Un conflicto que trasciende lo jurídico: manifestaciones de jueces y descrédito institucional
El enfrentamiento ha traspasado lo estrictamente judicial. Jueces y magistrados, vestidos con toga, han participado en manifestaciones en defensa de la ley, mientras el CGPJ —cuyo mandato se ha prorrogado cinco años— se posicionó en contra de la amnistía antes incluso de su tramitación parlamentaria.
El Tribunal Constitucional, al revisar los recursos de amparo, tendrá ahora la última palabra sobre si la interpretación del Supremo es conforme a la Constitución. Su decisión no solo afectará a los condenados por malversación, sino que podría redefinir el papel de los tribunales en la resolución de conflictos políticos.
El caso refleja cómo una ley aprobada con amplio consenso parlamentario ha sido cuestionada por sectores del Poder Judicial, generando una crisis de legitimidad que va más allá de lo jurídico: las encuestas ya muestran un descenso en la confianza ciudadana hacia la justicia, especialmente en el Supremo, percibido como parcial en este conflicto.
