Julia Ferreras denuncia temer por su integridad en un clima de tensiones alimentadas por expresiones como ‘invasión’
Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!, denunció este lunes un ataque contra su coche en el puerto de Ceuta durante una protesta contra la llegada de la ONG Negu Gorriak/Derecho a Techo. El incidente ocurrió el domingo por la tarde, cuando un grupo de manifestantes confundió a Ferreras —que viajaba acompañada del activista Rafael Borrego y la abogada Sofía Cánovas— con miembros de la organización. La diputada relató que llegó a temer por su integridad física.
El episodio se produce en un contexto de creciente polarización en la ciudad autónoma, donde expresiones como «invasión» —usadas por sectores políticos y sociales— han intensificado el clima de confrontación. Ferreras vinculó directamente el ataque al deterioro del debate público, donde, según su versión, se ha normalizado la estigmatización de colectivos y organizaciones que trabajan en migración y derechos humanos.
La visita de Alberto Núñez Feijóo y Manfred Weber (líder del PPE) a Ceuta horas después del ataque subraya la gravedad de la situación. Aunque no hay relación directa entre ambos hechos, la escalada violenta refuerza la percepción de una crisis institucional en la ciudad, donde el Gobierno central y las fuerzas políticas locales mantienen posturas enfrentadas sobre la gestión migratoria y la seguridad.
El Partido Popular Europeo (PPE), mayor grupo parlamentario de la UE, ha mostrado en los últimos días una creciente preocupación por Ceuta y Melilla. Weber ya había calificado la situación en la ciudad como «alarmante» en declaraciones previas, exigiendo al Gobierno español medidas urgentes. El ataque a Ferreras añade un nuevo elemento de tensión, con posibles implicaciones legales si se demuestra intención dolosa en los hechos.
La Asociación de Abogados de Ceuta ya ha anunciado que analizará el caso para determinar si hubo delito de odio o agresión. Mientras, el Ministerio del Interior no ha emitido aún un comunicado oficial, aunque fuentes policiales confirmaron la apertura de una investigación. El episodio podría reavivar el debate sobre el control de manifestaciones en espacios públicos y el papel de las fuerzas de seguridad en contextos de alta tensión social.
