La mayoría progresista del TC podría anular la interpretación del Supremo que bloqueó la amnistía por malversación, con Turull como primer caso en debate
Carles Puigdemont y los exconcejales del Govern encausados por el procés podrían recuperar la amnistía hoy mismo, cuando el Tribunal Constitucional (TC) inicie el debate sobre los recursos de amparo presentados contra la interpretación del Tribunal Supremo (TS). El Alto Tribunal, con mayoría progresista, revisará si la tesis del Supremo —que considera que Puigdemont y su equipo se enriquecieron ilícitamente al organizar el referéndum del 1-O con fondos públicos— es constitucional. La primera ponencia, sobre Jordi Turull, será clave para definir la postura del TC, que podría tumbar la línea del Supremo y abrir la puerta a la exoneración de las penas de inhabilitación.
El debate arranca hoy con la ponencia del magistrado conservador José María Macías, quien defiende la postura del TS: que los encausados obtuvieron un beneficio económico al usar dinero público para el referéndum. Sin embargo, fuentes del TC adelantan que la mayoría progresista —que incluye a Cándido Conde Pumpido, presidente del tribunal— rechazará este argumento. La ley de amnistía de 2024, negociada entre Pedro Sánchez y los partidos independentistas, excluye expresamente de su alcance a quienes se enriquecieron con fondos públicos durante el procés. El Supremo interpretó que Puigdemont y los exconcejales incumplían este requisito al organizar el 1-O con recursos de la Generalitat.
El TC analizará dos bloques distintos: por un lado, los casos ya condenados por el TS que reclaman la eliminación de sus penas de inhabilitación; por otro, los procesos aún pendientes, como el de Puigdemont. Si el tribunal anula la interpretación del Supremo, el juez instructor Pablo Llarena debería levantar la orden de detención europea que pesa sobre Puigdemont desde 2017, permitiendo su regreso a España sin cargos pendientes tras nueve años en el exilio.
La decisión del TC podría adoptarse en el próximo pleno del 6 de octubre, cuando se debata la ponencia sobre Dolors Bassa, presentada por Conde Pumpido y favorable a los amparos. La tensión política es máxima: el Gobierno de Sánchez depende del apoyo de Junts per Cataluña y ERC para aprobar sus presupuestos, mientras el PP y Vox exigen que se cumpla la ley tal como la interpretó el Supremo.
El precedente legal: cómo llegó el caso a este punto
La ley de amnistía se aprobó en junio de 2024 como parte de un pacto entre el PSOE y los partidos independentistas para garantizar su apoyo a la investidura de Sánchez. La norma exoneraba a los implicados en el procés de los delitos de sedición y desobediencia, pero incluía excepciones clave: quienes hubieran obtenido un beneficio económico ilícito o cometido delitos de corrupción no podrían acogerse a ella. El Supremo, en una interpretación controvertida, consideró que Puigdemont y los exconcejales encajaban en esta excepción al organizar el referéndum del 1-O con fondos públicos, argumentando que, de no haber usado dinero de la Generalitat, habrían tenido que invertir su patrimonio personal.
Este criterio del TS generó una fractura legal: mientras el Gobierno y los independentistas defendían que la interpretación era arbitraria, la oposición y parte de la doctrina jurídica la respaldaban como coherente con la ley. El TC ahora debe dirimir si la tesis del Supremo es constitucional o si, por el contrario, vulnera los derechos de los lamparistas. La decisión tendrá un impacto inmediato: si se anula la interpretación del TS, los encausados podrían recuperar sus derechos políticos y Puigdemont podría regresar a España sin riesgo de ser detenido.
Las implicaciones políticas: ¿qué se juega cada actor?
Para el Gobierno de Sánchez, una sentencia favorable al TC sería un alivio político: consolidaría el pacto con los independentistas y evitaría tensiones adicionales con Junts y ERC en un momento clave, como la aprobación de los presupuestos. Sin embargo, el PP y Vox verían reforzada su postura de que la amnistía fue un «regalo» a los independentistas, lo que podría utilizarse en la campaña electoral de cara a 2027. El TC, por su parte, se juega su credibilidad: una decisión percibida como parcial podría dañar su independencia, especialmente si se interpreta que la mayoría progresista prioriza la política sobre el derecho.
El caso también tiene un componente simbólico: el TC podría estar sentando un precedente sobre cómo se aplican las leyes de amnistía en el futuro. Si avala la interpretación del Supremo, abriría la puerta a que otros procesos similares —como los relacionados con casos de corrupción o conflictos territoriales— fueran revisados bajo criterios estrictos. En cambio, si anula la tesis del TS, reforzaría la idea de que las amnistías pueden ser herramientas políticas, algo que podría tener consecuencias en futuras negociaciones legislativas.
Mientras, Puigdemont y los exconcejales mantienen una estrategia de espera: su regreso a España dependerá directamente de la decisión del TC. Si el tribunal falla a su favor, el líder de Junts podría regresar en cuestión de semanas, reconfigurando el mapa político catalán y español. De lo contrario, la orden de detención seguiría vigente, y el conflicto legal se prolongaría.
El debate de hoy marca un punto de inflexión: no solo se decidirá el futuro de los encausados, sino también el alcance de la amnistía y su impacto en la estabilidad política de España.
