Ángel Víctor Torres calcula que aún hay entre 3.000 y 3.500 personas en las playas; Marlaska advierte de alertas por elecciones marroquíes
El Gobierno destinará un segundo campamento en Ceuta para reubicar a entre 3.000 y 3.500 migrantes que aún permanecen en las playas del Trampolín y Benítez, según anunció ayer el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El espacio, aún sin localización concreta, deberá ser aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y se espera que esté operativo en «unas pocas semanas», según Torres.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha reubicado a 8.000 personas en instalaciones temporales: 6.000 adultos en centros gestionados por el Estado y 2.000 menores bajo tutela de la ciudad autónoma. Sin embargo, las cifras del ministro indican que la situación sigue siendo crítica, con miles de personas en condiciones precarias. Torres confió en que el nuevo campamento, «consensuado» con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, permitirá avanzar en las devoluciones.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, regresó a Ceuta para supervisar la situación y confirmó que Marruecos está colaborando «de forma extraordinaria» en los retornos y para evitar nuevas entradas irregulares. Marlaska advirtió además de alertas por posibles intentos de asalto a la frontera coincidiendo con las elecciones legislativas marroquíes, que se celebran mañana. El dispositivo de seguridad se ha reforzado con tres pelotones adicionales de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla.
La gestión de la crisis en Ceuta ha puesto en evidencia las tensiones entre el Gobierno central y la ciudad autónoma. Vivas, que preside Ceuta, rechazó reunirse con Marlaska por «motivos de agenda», aunque sí recibió al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha sido uno de los críticos más duros con la gestión del Ejecutivo en la ciudad.
El proceso de identificación y regularización de los migrantes sigue siendo lento. Torres explicó que se están elaborando expedientes personalizados, pero el retraso en este trámite complica las devoluciones. Mientras, la presión política crece: el PP y Vox exigen medidas más contundentes, mientras el Gobierno insiste en que la colaboración marroquí es clave para resolver la situación.
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