El presidente gallego exige explicaciones sobre el reparto de 5,1 millones para zonas de mercado tensionado y tacha su propuesta de «agravante»
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ha acusado este lunes a las alcaldesas de La Coruña e Inés Rey y Santiago de Compostela y Goretti Sanmartín de priorizar el reparto de fondos estatales para evitar abordar las causas reales de la tensión en las zonas de mercado residencial. Rueda cuestionó su frente común del pasado viernes, cuando reclamaron al Gobierno gallego la transferencia de 5,1 millones de euros sin abordar, según su criterio, las consecuencias de su propia propuesta.
El conflicto surge en un contexto de creciente presión en los alquileres en ambas ciudades, donde el Ejecutivo autonómico ya había rechazado en julio una primera solicitud de las alcaldesas por considerar que la medida no resolvía el problema, sino que lo agravaba. Según datos de la Xunta, el 30% de los contratos de alquiler en Galicia superan los 1.200 euros mensuales, una cifra que en La Coruña y Santiago alcanza el 38% y el 42%, respectivamente.
Las alcaldesas, que gobiernan con apoyo de PSOE y BNG, defendieron su postura como una solución urgente para frenar la especulación. Sin embargo, Rueda insistió en que su propuesta —centrada en subvenciones directas a propietarios— no atacaba las causas estructurales, como la escasez de vivienda pública o la falta de regulación en precios. La Xunta ya ha anunciado que estudiará «medidas alternativas» en colaboración con el Ministerio de Vivienda, pero sin ceder a la transferencia de fondos.
El enfrentamiento refleja una tensión creciente entre los gobiernos autonómico y local en Galicia, donde el PP —que gobierna la Xunta— y las coaliciones progresistas en las ciudades chocan en políticas de vivienda. Mientras las alcaldesas insisten en que la falta de recursos estatales agrava la crisis, Rueda apunta a la necesidad de un plan integral, algo que el Gobierno central aún no ha presentado.
El frente común que las alcaldesas escenificaron el viernes incluyó una presentación conjunta ante la prensa, donde se detalló la cifra de 5,1 millones de euros como un aporte urgente para la compra de viviendas de protección oficial. Rueda, en su intervención, recordó que desde el inicio del proceso el Ejecutivo consideró que la propuesta no era una solución, sino que más bien aumentaba el problema, y exigió que se explicaran las «consecuencias reales» de dicha declaración.
