El PP y el PSOE evitan comparecer; el Ayuntamiento de Alicante retiene correos clave y exalcaldes eluden preguntas sobre adjudicaciones irregulares
La comisión de investigación sobre el escándalo de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante ha finalizado este lunes sin esclarecer las irregularidades en las adjudicaciones de viviendas protegidas, según denuncia Vox. El grupo de Santiago Abascal acusa a los concejales del PP y el PSOE de boicotear el proceso con plantones y documentación incompleta o tardía, incluyendo la retención de correos electrónicos por parte del vicesecretario municipal.
Entre los adjudicatarios del polémico residencial figuran la exconcejala Rocío Gómez (PP), familiares directos de la jefa de Contratación María Pérez-Hinman, técnicos municipales y cargos de la Generalitat Valenciana. La comisión, creada por acuerdo unánime del Pleno para fiscalizar la gestión municipal, solo logró cuatro comparecencias en meses de trabajo: dos técnicos municipales, un policía y un interventor. El resto —27 ausencias—, incluye a los dos alcaldes que gobernaron durante la tramitación: el socialista Gabriel Echávarri (2019-2023) y el popular Luis Barcala (2023-actualidad).
Vox critica que la falta de documentación —entregada «tarde, mal y nunca», según los ediles Carmen Robladillo y Óscar Castillo— y los plantones hayan impedido un informe riguroso. El vicesecretario del Ayuntamiento negó acceder a correos electrónicos alegando que no forman parte de los expedientes administrativos. La formación de ultraderecha subraya que ni Barcala —cuestionado desde el inicio por las adjudicaciones— ni Echávarri explicaron las decisiones clave, como la enajenación de la parcela municipal para el proyecto.
El escándalo de Les Naus estalló en 2023 cuando se reveló que el residencial, construido con fondos públicos, beneficiaba a cercanos del equipo de gobierno. Tras dos reprobaciones plenarias fallidas por falta de apoyos, el PP y el PSOE evitaron dimisiones. Ahora, Vox exige que la Fiscalía investigue las irregularidades y la opacidad municipal, mientras el Ayuntamiento de Alicante —con mayoría absoluta del PP— mantiene el control sobre los documentos clave.
