El ministro visita el CATE y reclama agilizar plazos judiciales para migrantes, mientras Vivas evita reunirse con él por agenda compartida con Feijóo
Fernando Grande-Marlaska ha acusado hoy al Gobierno de Ceuta de retrasar deliberadamente la identificación de 2.400 menores migrantes llegados desde Marruecos, al negarse a nombrar un representante autonómico para el proceso. Durante su cuarta visita a la ciudad en dos meses, el ministro del Interior ha cifrado en entre 3.000 y 3.500 las personas que siguen viviendo en la calle sin recursos, aunque advierte que las cifras son «estimaciones aproximadas».
La visita de Marlaska —que incluye el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se realizan más de 105 triajes diarios— se produce tras un nuevo enfrentamiento institucional con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), quien rechazó reunirse con él alegando «problemas de agenda». La excusa coincide con la presencia simultánea en la ciudad de Alberto Núñez Feijóo (presidente del PP) y Manfred Weber (presidente del PP Europeo), lo que ha reavivado las tensiones entre el Ejecutivo central y el gobierno local.
Marlaska ha detallado que el 94% de las solicitudes de asilo presentadas antes del 30 de julio —fecha de la crisis migratoria— fueron denegadas, un dato que, según el ministro, «desincentiva» nuevas peticiones. Sin embargo, ha confirmado que el 99% de los marroquíes en Ceuta serán objeto de devolución, al no cumplir los requisitos para asilo. La excepción son los menores vulnerables, cuya reagrupación familiar se prioriza, aunque el ministro ha reconocido que la ratio de protección para marroquíes «no supera el 1%».
Para agilizar los plazos —actualmente de 12 semanas (6 administrativas y 6 judiciales)—, Interior ha planteado modificar el Reglamento de Crisis y Retorno, aunque se ha opuesto a crear centros de internamiento en terceros países. Marlaska ha destacado como «gesto de colaboración» la apertura de la verja del Tarayal por parte de Marruecos para facilitar retornos voluntarios, aunque ha evitado valorar la eficacia de esta medida.
El ministro ha insistido en que su objetivo es «recuperar la normalidad anterior al 30 de julio», aunque ha admitido que persisten 6.000 refugiados en el CATE y otros 12.000 dispersos por la ciudad, muchos bajo tiendas improvisadas. Las asociaciones de vecinos han sido convocadas para «escuchar sus demandas», aunque no se han concretado plazos para nuevas infraestructuras de acogida.
