El canciller alemán prohíbe las socializaciones inmobiliarias mientras la candidata de la izquierda radical, Elif Eralp, exige 220.000 pisos públicos para frenar el alza de precios
Friedrich Merz, canciller alemán, ha vetado este lunes la expropiación de viviendas a grandes inmobiliarias en Berlín, una medida estrella del programa de Die Linke, partido que ganó las elecciones en la capital con el 25,7% de los votos. Merz anunció una ley federal para prohibir estas socializaciones, argumentando que «en Alemania no habrá expropiaciones» y advirtiendo de que la medida dañaría la confianza de los inversores.
El conflicto estalla cuando Elif Eralp, candidata de Die Linke, exige aplicar el plan de transferir 220.000 viviendas a manos públicas, respaldado por un referéndum no vinculante de 2021. Sin embargo, el SPD y los Verdes, socios potenciales para formar gobierno, ya han mostrado escepticismo: el socialdemócrata Steffen Krach descartó su viabilidad, mientras los ecologistas piden resolver primero las dudas legales y financieras.
La medida, que costaría unos 20.000 millones de euros, agravaría la deuda de Berlín (66.000 millones en 2025) y paralizaría proyectos de construcción. Empresas como Vonovia ya han sufrido caídas en bolsa (un 2,2% este lunes) y el 37% de las inmobiliarias han aplazado inversiones por la inseguridad jurídica, afectando a 3.480 viviendas en construcción.
El dilema de Eralp es político: Die Linke no tiene mayoría parlamentaria y necesita a SPD y Verdes para gobernar. Si mantiene su exigencia, podría bloquear su propia investidura, abriendo la puerta a una coalición entre socialdemócratas, verdes y la CDU, que conservaría el Ayuntamiento Rojo pese a perder las elecciones.
El fondo del problema es la escasez de viviendas en Berlín: en 2025, el alquiler medio superó los 15,78 euros/m², según la Investitionsbank Berlin. Sin embargo, expropiar no construye: Die Linke rechaza proyectos como el del antiguo aeropuerto de Tempelhof (21.400 viviendas) y limita desarrollos en Pankow y Spandau, donde se proyectaban otras 24.000.
El precedente de 2021: un referéndum sin efecto
El plan de Die Linke retoma un referéndum celebrado en 2021, donde el 58% de los votantes apoyó la socialización de empresas con más de 3.000 viviendas. Sin embargo, ningún gobierno posterior lo ejecutó por su coste y complejidad legal. La medida actual, además de expropiar, incluye legalizar ocupaciones de inmuebles vacíos y convertir en derecho permanente la residencia en viviendas ocupadas durante un año, salvo que el propietario las alquile a precios asequibles.
El riesgo económico: ¿inversión o fuga de capital?
Merz advirtió en julio que la amenaza de expropiación «destruye la seguridad jurídica» y ahuyenta inversiones. Según la asociación de inmobiliarias de Berlín y Brandeburgo, el 77% de las empresas ya menciona el riesgo de socialización en sus negociaciones con bancos, y el 37% ha paralizado proyectos. La consecuencia es clara: Berlín no solo dejará de construir las viviendas que necesita, sino que podría agravar la escasez actual, que ya ha disparado los precios.
La paradoja de Die Linke: expropiar sin construir
El partido de Eralp defiende la expropiación como herramienta para contener alquileres, pero su programa incluye también medidas que frenan la oferta: desde oponerse a nuevas construcciones en Tempelhof hasta limitar desarrollos en zonas clave. Esto contrasta con la realidad: Berlín necesita 24.000 viviendas adicionales según sus propios datos, pero Die Linke prioriza redistribuir las existentes en lugar de aumentar el parque inmobiliario. La pregunta es si la socialización resolverá el problema o profundizará la crisis.
Mientras, el mercado reacciona: las acciones de Vonovia cayeron un 2,2% este lunes, y los inversores temen que Berlín se convierta en un «imán para la especulación», según advirtió el canciller. La batalla legal por las indemnizaciones y la viabilidad económica de la medida podría alargarse años, mientras la ciudad sigue sin resolver su crisis habitacional.
Merz también recordó que el Gobierno federal ya está preparando una ley para impedir expropiaciones y que se espera que sea aprobada muy pronto, reforzando su posición de que la política de Die Linke no tiene respaldo legal. Por su parte, Eralp afirmó que la expropiación es jurídicamente posible, financiable y uno de los mejores instrumentos para mantener la vivienda asequible, subrayando que la medida se basa en la voluntad popular expresada en el referéndum de 2021.
