El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, aspira a liderar las listas sociales en una ciudad que el PSOE no gobierna desde 2015, mientras Lola Ranera, exfigura lambanista, también se postula
Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, ha confirmado su intención de ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Zaragoza en las próximas elecciones municipales. Lo anunció este lunes en rueda de prensa, donde dejó claro que trabaja con Pilar Alegría, secretaria general del partido en la región, para consolidar su candidatura en una ciudad donde el PSOE no gobierna desde 2015.
Beltrán no oculta su ambición: Estamos viendo que otras personas pueden presentarse, pero ahora trabajamos para que haya una candidatura de unidad, declaró. Entre esos posibles rivales destaca Lola Ranera, actual portavoz municipal socialista y exfigura clave durante la etapa de Javier Lambán. Ranera, que ya perdió dos elecciones consecutivas, ha reconocido su disposición a repetir como candidata, aunque su apoyo en el partido es más limitado tras el ascenso de Alegría.
El conflicto interno no es nuevo: Ranera fue decisiva para que Alegría regresara a Aragón en 2023, forzando la retirada de Darío Villarrasa, líder de la facción rebelde contra el aparato del PSOE. Ahora, con Beltrán como candidato oficialista, el partido intenta reconstruir su imagen en Zaragoza, donde su representación municipal ha caído desde que Jorge Azcón (PP) y luego Natalia Chueca (PSOE) gobernaron la ciudad.
El anuncio llega en un contexto de tensiones políticas: horas antes, Beltrán presentó un recurso judicial contra el Gobierno aragonés por bloquear la declaración de zonas pensionadas en vivienda, una medida que considera «nula de pleno derecho» por falta de audiencia pública. La guerra entre el Ejecutivo central y el autonómico —que ya aprobó su propia ley de vivienda para construir 7.000 viviendas públicas— se agrava con esta nueva batalla legal.
En la misma rueda de prensa, Beltrán explicó que la posición del Gobierno liderado por Jorge Azcón es una aberración tanto jurídica como política, y que la declaración de zonas pensionadas se ejecutó sin el trámite de audiencia pública que exige la ley estatal. Este recurso judicial marca un nuevo episodio en la disputa entre el Ejecutivo central y el aragonés, que ya ha impulsado su propia normativa de vivienda con el objetivo de cubrir la demanda social mediante la construcción de hasta 7.000 nuevas unidades habitacionales.
