El Gobierno vincula el ataque a la diputada y activistas con discursos de Vox y la extrema derecha en redes sociales
Pedro Sánchez ha condenado este lunes la agresión sufrida por la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras, el activista Rafael Borrego y la abogada Sofía Cánovas durante una protesta contra la ONG Negu Gorriak/Derecho a Techo, y ha acusado a la ultraderecha de crear un «clima» que normaliza la violencia. El presidente del Gobierno, en un mensaje en X, ha advertido que «la violencia nunca es el camino» y ha recordado que «vivimos en una sociedad democrática que nos ha costado mucho construir».
La agresión, ocurrida este domingo, ha sido calificada de «inaceptable» por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha señalado directamente a Vox y a su diputado en Ceuta, José Manuel Figaredo, por sus declaraciones previas. Torres ha asegurado que Figaredo «lanzó un mensaje de odio» al afirmar que «hay que cazar al inmigrante», lo que, según el ministro, «exacerba ánimos y es responsable de esa violencia». El Gobierno ha insistido en que la crisis migratoria en Ceuta no justifica ataques contra quienes trabajan en su gestión humanitaria.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha vinculado el ataque con el uso de términos como «invasión» por parte de la derecha y la ultraderecha, que, según ella, «altera la convivencia». El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha denunciado en Cataluña Ràdio la «manipulación y desinformación» de la extrema derecha en redes sociales, que, a su juicio, «exacerba» la situación en la ciudad autónoma. Albares ha reclamado que Ceuta «recupere su normalidad» y preserve su «diversidad y pluralidad», valores que, según él, han sido la base de su convivencia histórica.
El ataque se produce en un contexto de creciente tensión en Ceuta, donde la llegada masiva de migrantes —más de 1.000 en los últimos días, según datos de la Delegación del Gobierno— ha desbordado la capacidad de acogida. Mientras, el Gobierno insiste en que la solución pasa por «evitar la confrontación» y condenar cualquier acto de violencia, aunque fuentes cercanas al Ejecutivo reconocen que la polarización política agrava la crisis.
