Abogados denuncian un ‘aumento exagerado’ de notificaciones desde 2022, vinculado a la guerra en Ucrania y a la presión para reclutar soldados
Rusia ha multiplicado el uso de las alertas rojas de Interpol para localizar y presionar a opositores en España, según denuncia la abogada María Barban cho, especializada en casos de represión transnacional. Desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Moscú ha emitido un «aumento exagerado» de estas notificaciones, que no son órdenes de detención, pero sí herramientas para coaccionar a ciudadanos rusos en el extranjero.
Barban cho, miembro de la asociación *Lawyers Against Transnational Repression*, explica que Rusia lidera el ranking mundial de países emisores de alertas rojas desde 2024 —y mantiene esa posición en 2026— con un «crecimiento desmesurado». Según sus datos, en 2024 Rusia fue responsable del 38% de estas notificaciones globales, según constató el Parlamento británico. En España, las autoridades han paralizado todas las extradiciones a Rusia, pero Moscú sigue presionando: en 2025, la Fiscalía General del Estado registró 35 peticiones rusas de extradición.
El objetivo no es solo detener a disidentes, sino reclutarlos para el ejército. Barban cho detalla que Rusia ofrece a quienes son extraditados un acuerdo para evitar responsabilidades penales a cambio de alistarse. Esta estrategia se enmarca en una ley rusa de octubre de 2024 que exime de pena a quienes sirven en el ejército, incluso si enfrentan cargos judiciales. La ONU alertó la semana pasada sobre este patrón de «represión transnacional», que incluye amenazas, ciberacoso y restricciones de movimiento, afectando a al menos 43 personas y cuatro organizaciones desde mayo de 2025.
El mecanismo funciona así: una alerta roja de Interpol no obliga a un país a detener a alguien, pero genera presión política y judicial. Barban cho advierte: «Es una maquinaria de represión disfrazada de cooperación internacional». La subsecretaria general de la ONU, Claudia Fuentes, instó esta semana a los Estados a erradicar estas prácticas, que «cercenan el derecho a buscar amparo» en instituciones globales.
