El Tribunal Supremo suspende los efectos electorales de las nacionalizaciones hasta resolver el fondo; el partido del Gobierno admitió en sus propios textos planes para captar votantes en el exterior
Pedro Sánchez y el PSOE han reconocido en documentos internos —como memorias, ponencias de congresos y programas electorales— que su estrategia de nacionalidad masiva bajo la Ley de Memoria Democrática buscaba ganar escaños en las elecciones, especialmente en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes). El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de estas nacionalizaciones hasta resolver el fondo, tras considerar que la instrucción de la fiscal Sofía Puente amplió ilegalmente los requisitos para incluir bisnietos y tataranietos, no solo descendientes directos del exilio.
La estrategia, descrita en textos del partido antes de la polémica actual, vincula explícitamente la expansión del censo electoral con las citas políticas. Según los documentos, el PSOE no solo amplió la ley para abarcar generaciones posteriores, sino que desplegó una «extraordinaria actividad de captación de votantes en el exterior», según se detalla en las Memorias de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal y el Plan de Trabajo del PSOE-Madrid. La fiscal Puente, autora de la instrucción que permitió esta ampliación, defendió en Tele-NODO que el censo «no tiene color político» y rechazó que los nuevos electores votaran al PSOE, aunque los documentos internos del partido demuestran lo contrario.
El Tribunal Supremo actuó tras valorar que la ampliación de criterios —que pasó de exigir descendientes directos del exilio a incluir bisnietos y tataranietos— carecía de respaldo parlamentario. La Junta Electoral Central anunció que cumplirá la suspensión cautelar y recabará la documentación necesaria para ejecutarla, tras el voto particular de cuatro de sus vocales. Mientras, el Gobierno, liderado por Sánchez, intentó reorientar el debate hacia una supuesta «reparación histórica» para los familiares de exiliados, aunque los documentos internos del PSOE desmienten esta versión.
La polémica llega en un contexto de creciente tensión institucional. El Tribunal Supremo ya había advertido sobre los riesgos de manipulación electoral, y ahora la suspensión cautelar obliga a revisar más de 100.000 nacionalizaciones concedidas desde 2023. El partido del Gobierno, sin embargo, insiste en que se trata de un «bulo» y culpa a la oposición de «prejuicios», aunque sus propios textos revelan una estrategia deliberada para influir en el censo.
El marco legal y los precedentes: cómo se llegó a esta ampliación ilegal
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, establecía inicialmente que solo los descendientes directos de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura podían optar a la nacionalidad española. Sin embargo, la instrucción de la fiscal Puente, publicada en 2023, amplió los criterios para incluir bisnietos y tataranietos, sin que el Parlamento debatiera o aprobase este cambio. Según los documentos internos del PSOE, esta modificación respondía a un plan para «recuperar espacio perdido» en el voto exterior, especialmente en países como Argentina, México y Venezuela, donde el partido había perdido apoyo en años anteriores.
El CERA, que agrupa a más de 1,5 millones de electores en el exterior, se convirtió en el objetivo principal. Las Memorias de Gestión del PSOE detallan cómo el partido destinó recursos a «expansión de la colectividad» y «crecimiento de agrupaciones» en el extranjero, con el objetivo explícito de «asegurar la victoria hasta el 27 de abril y mucho más allá». Esta estrategia, según los textos, incluía la creación de nuevas agrupaciones locales en el exterior y la captación de votantes jóvenes, un grupo tradicionalmente menos afín al PSOE.
El Tribunal Supremo ya había advertido en 2024 sobre los riesgos de esta ampliación, pero el Gobierno y la fiscalía insistieron en que se trataba de una «reparación histórica». Ahora, con la suspensión cautelar, el alto tribunal obliga a revisar cada caso individualmente, lo que podría anular miles de nacionalizaciones si no se demuestra el vínculo directo con el exilio. La Junta Electoral Central, en un gesto sin precedentes, ha decidido acatar la medida, aunque cuatro de sus vocales presentaron un voto particular criticando la falta de transparencia en el proceso.
Las implicaciones políticas: ¿hasta dónde llega la manipulación?
La estrategia del PSOE no solo afecta al censo electoral, sino que ha generado una crisis de confianza en las instituciones. El Tribunal Supremo, en un fallo sin precedentes, ha cuestionado la imparcialidad del proceso, algo que el Gobierno ha intentado desvirtuar acusando a la oposición de «prejuicios». Sin embargo, los documentos internos del partido revelan que la ampliación de la ley respondía a una decisión política, no a un criterio jurídico.
Para el PP y Vox, este caso confirma lo que llevan años denunciando: una «adulteración de las reglas democráticas». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado que pedirá una investigación parlamentaria sobre los fondos destinados a la captación de votantes en el exterior. Mientras, Santiago Abascal ha calificado la estrategia del Gobierno como una «estafa electoral», exigiendo la anulación inmediata de todas las nacionalizaciones concedidas bajo la instrucción de Puente.
El PSOE, por su parte, se enfrenta a un dilema: mantener su versión de «reparación histórica» o admitir que la ampliación de la ley respondía a una estrategia electoral. Los documentos internos, sin embargo, dejan claro que el partido priorizó el crecimiento del censo sobre cualquier otro criterio. La suspensión cautelar del Tribunal Supremo obliga ahora a revisar cada caso, lo que podría reducir significativamente el número de votantes en el exterior afines al Gobierno.
Más allá de las consecuencias electorales, este caso plantea un problema institucional: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno para manipular el censo sin vulnerar la legalidad? El Tribunal Constitucional podría ser el siguiente en pronunciarse, especialmente si el Supremo confirma su fallo en la sentencia definitiva. Mientras, la Junta Electoral Central se prepara para un proceso de revisión que podría durar meses, en plena campaña electoral.
La estrategia del PSOE, descrita en sus propios documentos, no solo buscaba ganar escaños, sino también consolidar su influencia en el exterior. Sin embargo, la reacción de las instituciones y la oposición podría limitar sus efectos. Lo que está claro es que este caso ha dejado al descubierto una de las mayores operaciones de manipulación electoral en la democracia española.
