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Sánchez censura al Supremo por frenar el voto exterior de 400.000 personas

Sánchez censura al Supremo por frenar el voto exterior de 400.000 personas
La Moncloa - Gobierno de España (Pool Moncloa)
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El presidente del Gobierno vincula a PP y Vox en el recurso judicial contra los efectos electorales de la ley de memoria democrática.

La suspensión judicial del sufragio para 400.000 residentes en el extranjero provocó este domingo la protesta explícita del Ejecutivo central. Durante la Fiesta de la Rosa del PSC celebrada en Gavà, Pedro Sánchez afirmó que la decisión del Tribunal Supremo «desgraciadamente socava nuestra democracia». El Alto Tribunal dictó hace dos semanas medidas cautelarísimas que paralizan de forma provisional el censo derivado de la conocida como ley de nietos.

El pronunciamiento judicial responde a las iniciativas presentadas por Vox y por la entidad Iustitia Europa. Ambas partes recurrieron la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que regula la concesión de la nacionalidad a descendientes del exilio. Pese a que el PP no firmó ese recurso, Sánchez atribuyó la impugnación tanto a los populares como a la formación de Santiago Abascal. El líder socialista aseguró que no perdonará a quienes promovieron el freno cautelar a la participación de estos electores.

La controversia afecta de lleno a las futuras convocatorias electorales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe pronunciarse todavía sobre el fondo del asunto antes de que las listas de votantes queden cerradas para los comicios municipales y generales. Sánchez sostuvo que los beneficiarios de esta norma ejercerán el voto una vez se dicte la resolución definitiva, rechazando la existencia de ciudadanos de distinta categoría.

Para defender esta vía de acceso al censo, la dirección del PSOE apeló a precedentes legales como la concesión de la nacionalidad a los descendientes de sefardíes aprobada durante el mandato del Partido Popular. Esa misma línea se debate ahora en el Congreso de los Diputados con la iniciativa relativa a la población saharaui. La confrontación institucional coincide además con un escenario de alta tensión parlamentaria entre el bloque de investidura y la oposición conservadora.

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