La magistrada Tardón cita como testigos clave al presidente Vivas y al exjefe de Gabinete del delegado
Un total de 31 organismos de seguridad del Estado deberán remitir informes sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. La orden parte del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, dirigido por la magistrada María Tardón. La instructora abrió diligencias el 31 de julio y ratificó su competencia el pasado 7 de septiembre. Su investigación busca aclarar las responsabilidades de Marruecos y del Gobierno de Pedro Sánchez en el suceso.
Las citaciones testimoniales fijadas para el 30 de septiembre marcan el inicio inmediato de las comparecencias judiciales. La jueza tomará declaración como testigo a Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma. El dirigente relató que intentó contactar con el presidente Pedro Sánchez tres días antes del episodio. Desde Presidencia le pidieron calma al asegurar que Marruecos colaboraba activamente en el control.
Ese mismo día comparecerá Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en la ciudad. El excolaborador formalizó su dimisión mediante un escrito oficial en el que certificó haber entregado avisos previos del CNI a su superior. Al declarar bajo juramento como testigo, Sanz tiene la obligación legal de responder con la verdad sobre esas alertas. Su declaración precede a una posible citación del propio delegado en calidad de investigado judicial.
La magistrada Tardón analiza la comisión de cuatro delitos graves en el procedimiento 46/2026. Entre los tipos penales constan delitos contra la paz del Estado, vulneración de derechos de ciudadanos extranjeros en concurso con homicidios imprudentes, y organización criminal. El auto destaca que la inacción ante avisos previos pudo influir en el fallecimiento de 83 personas en suelo español. Este balance sitúa el foco sobre la articulación de los medios de respuesta estatales.
Las pesquisas económicas y operativas implican a unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Udef y la UCO deben elaborar un informe conjunto sobre la financiación de los traslados masivos. Este análisis examina transferencias informales de fondos, empleo de redes hawala y contratación de transportes colectivos. Más adelante, la jueza solicitará datos al Sepblac, organismo adscrito al Ministerio de Economía.
El Estado Mayor de la Defensa también figura entre los requeridos para aportar imágenes satelitales obtenidas por sus mandos de operaciones. La jueza mantiene además una pieza separada secreta para las diligencias más sensibles asignadas al CNI. Las peticiones abarcan registros a empresas privadas y solicitudes a plataformas digitales como Meta, TikTok y Telegram. El objetivo judicial consiste en rastrear las convocatorias previas de la movilización fronteriza.
