La Fiscalía pide al tribunal que requiera el auto del TSJCV que archivó la causa en marzo de 2025
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al alto tribunal que requiera el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre Carlos Mazón para decidir si lo investiga por falso testimonio durante su comparecencia en el Congreso sobre la dana de 2024. La decisión depende ahora del magistrado ponente de la sala segunda del Supremo, que debe resolver si exige al TSJCV el documento que, en marzo de 2025, rechazó investigar al expresidente valenciano por no apreciar «un fundamento sólido» de delito en sus declaraciones.
La querella, presentada por cuatro diputados socialistas —Vicent Mascarell, Marta Trenzao, Vicent Sarrià y Alejandro Soler—, detalla que Mazón mintió en su declaración del 17 de noviembre de 2025 sobre detalles clave: el listado de llamadas, su itinerario tras salir del restaurante El Ventorro, cuándo supo de fallecidos, las ayudas del Gobierno central y sus comunicaciones con la consellera Salomé Pradas. El Fiscal pide suspender el trámite para dictamen sobre la querella mientras se resuelve si hay base para investigar.
Mazón, aforado como diputado en las Corts Valencianas, solo podría ser investigado por el TSJCV en flagrante delito dentro de la Comunitat Valenciana o por el Supremo fuera de ella. Su inmunidad parlamentaria complica el proceso: la Fiscalía debe demostrar que sus declaraciones falsas superan el margen de error permitido en un testimonio político, algo que el TSJCV ya descartó en 2025 al considerar que no había «pruebas objetivas» de delito.
La decisión del Supremo podría reabrir un caso que ya generó polémica en 2024, cuando el expresidente fue criticado por su gestión de la crisis. Si el tribunal requiere el auto del TSJCV, el proceso avanzaría hacia una posible investigación por falso testimonio, un delito que castiga el Código Penal con penas de prisión de 6 meses a 2 años. Mientras, Mazón mantiene su acta de diputado y sigue amparado por el aforamiento.
El auto del 16 de marzo de 2025, que fue el que rechazó investigar al expresidente, fue solicitado por la letrada de la administración de justicia de la sala segunda del Supremo, quien ordenó la diligencia de ordenación. La magistrada de Catarroja, ponente de la sala, explicó que la exposición razonada no contenía un fundamento sólido y objetivo para considerar los hechos como delito, lo que llevó al TSJCV a archivar la causa en ese momento.
