El portavoz de Sumar, Enrique Santiago, acusa al Tribunal Supremo de vulnerar un derecho ‘solo privado en dictaduras’ y usa la ley de memoria para evitar suspensiones
Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y responsable de Justicia del grupo, ha presentado una enmienda a la Ley Orgánica de mejora de la Educación para incluir en la propia Ley de Memoria Democrática la presunción legal de que todos los que abandonaron España entre 1936 y 1955 fueron exiliados políticos. La medida busca anular la suspensión cautelar del Tribunal Supremo que priva del derecho a voto en las elecciones a los descendientes de estos exiliados —los llamados ‘nietos del exilio’— que obtuvieron la nacionalidad española mediante la ‘ley de nietos’.
La enmienda, presentada como urgente por Sumar, responde directamente a la resolución del Supremo que cuestiona la instrucción del Ministerio de Justicia. Este documento establece que cualquier persona que salió de España durante la Guerra Civil o la posguerra puede ser considerada exiliada, criterio idéntico al aplicado en la Ley de Memoria Histórica de 2007, sin que ningún tribunal lo cuestionara entonces. Santiago critica que el alto tribunal no acepte esta presunción, pese a que, según su argumentación, el derecho a voto en España solo ha sido privado durante dictaduras.
La estrategia de Sumar busca dar máximo rango legal a la presunción de exilio político para evitar futuras suspensiones judiciales. Según Santiago, el Supremo tiene dudas sobre si quienes huyeron del franquismo lo hicieron por motivos políticos, algo que la instrucción ministerial ya presume. La enmienda, introducida en la ley educativa —la primera orgánica con plazo cerrado para enmiendas—, no solo afecta a los ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), sino que busca evitar que el tribunal vuelva a paralizar el proceso.
Santiago también ha criticado a un sector de la judicatura al que califica como el ‘partido de las togas’, acusándolo de emitir ‘resoluciones inexplicables’ que, según su versión, degradan el servicio público de la Justicia. La enmienda, en tramitación, podría aprobarse antes de que el Supremo resuelva definitivamente sobre el caso, lo que aceleraría la inscripción de miles de afectados.
El Tribunal Supremo aún no ha pronunciado su fallo definitivo, pero su suspensión cautelar ya ha dejado sin derecho a voto a cientos de personas que, según Sumar, cumplen todos los requisitos legales para ejercerlo. La medida de Santiago, si prospera, convertiría la presunción de exilio en un mandato legal ir recurrible, al estar incluida en una ley orgánica.
