El presidente ceutí denuncia la falta de respuesta de Moncloa mientras Sánchez llega 105 minutos tarde y atribuye la crisis a una sentencia judicial, no a Marruecos
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, activó el protocolo de emergencia el 29 de agosto de 2026 tras detectar un aumento «inusual» de cruces a nado en la frontera, pero la Moncloa ignoró sus cuatro llamadas directas al jefe de Gabinete, Diego Rubio, y le respondió que «no pasa nada». Solo 24 horas después, más de 72.000 migrantes asaltaron la ciudad en una de las mayores crisis migratorias registradas en España.
Vivas, que comparó la situación con el colapso de 2021, intentó sin éxito contactar con Pedro Sánchez durante días. El Gobierno local solicitó formalmente la declaración de emergencia nacional y el mando único de las operaciones, pero Moncloa rechazó ambas medidas: el portavoz oficial le comunicó que «no existe fundamento jurídico» para activar la emergencia y que el control operativo correspondería al delegado del Gobierno en Ceuta. Las conversaciones telefónicas con Rubio, según el relato de Vivas, terminaron con frases como *»deje de llamar, se está poniendo muy pesado»*.
La crisis estalló el 30 de agosto, cuando decenas de miles de personas entraron a nado o por puertas abiertas en la frontera del Tarayal. Sánchez llegó a Ceuta 105 minutos después de aterrizar, el tiempo justo para una comparecencia de 15 minutos donde atribuyó el asalto a una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las «devoluciones en caliente», no a presiones externas. En ningún momento mencionó a Marruecos, pese a que fuentes diplomáticas ya señalaban entonces su posible implicación. Mientras, el 90% de los migrantes —más de 64.000 personas— regresaron a Marruecos en 48 horas, según cifras oficiales.
El marco legal clave: la Ley Orgánica 4/2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros prohíbe desde 2021 las devoluciones inmediatas en frontera, lo que obliga a identificar y registrar a cada persona antes de su expulsión. Esta normativa, confirmada por el Tribunal Supremo en 2024, fue citada por Sánchez como causa del repunte migratorio. Sin embargo, Ceuta denunció que la falta de coordinación entre ministerios —como ocurrió en 2021— agravó la crisis: en aquella ocasión, la respuesta llegó solo cuando Moncloa intervino directamente.
La reacción política fue inmediata. El PP y Vox exigieron la dimisión de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, por su gestión. Mientras, Sánchez regresó a sus vacaciones en Lanzarote el 31 de agosto, donde publicó en redes un vídeo con canciones de Quevedo en lugar de abordar la crisis. La oposición criticó que, mientras el presidente disfrutaba de su «verano más largo», los ceutíes seguían confinados y sin suministros básicos. Diez días después, el Gobierno ordenó que un ministro visitara Ceuta cada jornada, pero sin anuncios concretos.
