El ministro del Interior y la ministra de Migraciones solicitan reformas legales para crisis migratorias tras la masiva llegada del 30 y 31 de julio; la UE aprueba 114,7 millones para Ceuta y Melilla
Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz reunidos con el comisario europeo Magnus Brunner exigen cambios en las normas de asilo y retorno para agilizar la gestión de emergencias como la de Ceuta, donde más del 90% de los migrantes llegados en julio ya han sido devueltos a Marruecos. El Gobierno descarta que se produzcan desplazamientos irregulares hacia la península y reclama que la UE reconozca la excepcionalidad de las ciudades autónomas en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034).
La reunión, celebrada este jueves en Madrid, coincide con la propuesta de Úrsula Von der Leyen para un nuevo marco europeo de respuesta a emergencias migratorias, que permitiría flexibilizar procedimientos en situaciones como la vivida en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Marlaska subrayó que España ha gestionado una «crisis extraordinaria» con medidas que «están dando resultado», aunque advirtió de que sus efectos no se resolverán de forma inmediata.
El ministro negó la existencia de «movimientos secundarios» desde Ceuta a la península, un riesgo que, según aseguró, es «infundado». Pidió a la Comisión Europea que traslade este mensaje a los socios comunitarios para «huir de falsedades sin fundamento». La UE ya ha aprobado 114,7 millones de euros en ayuda de emergencia para incrementar la capacidad de acogida en Ceuta y Melilla, incluyendo obras en los espigones de Benz y El Tarayal y la construcción de dos nuevos Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) con 1.600 plazas en total.
El Gobierno también solicitó que el futuro Marco Financiero Plurianual (2028-2034) reconozca el esfuerzo español en la gestión de «una de las fronteras exteriores más complejas de la UE». Marlaska reafirmó el compromiso con Frontex, cuya Operación Minerva en las fronteras de Ceuta, Algeciras y Tarifa se ha prorrogado hasta finales de diciembre, y con Europol, que ha desplegado un representante en Ceuta para combatir el tráfico ilícito de migrantes.
La colaboración con Europol en el análisis de redes sociales y la lucha contra las redes de tráfico ha sido calificada por Marlaska como «efectiva». Sin embargo, el ministro insistió en que España sigue asumiendo «plenamente» sus responsabilidades en materia de protección internacional, aunque prioriza el retorno de quienes entraron irregularmente.
El contexto legal: ¿qué flexibilización pide el Gobierno?
La solicitud de Marlaska y Saiz se enmarca en las reformas propuestas por Von der Leyen para crear un marco europeo que permita a los Estados miembros «flexibilizar» las normas de asilo y retorno en emergencias migratorias. Según el comunicado del Ministerio del Interior, España busca acelerar los procedimientos de asilo y retorno en situaciones excepcionales, como la vivida en Ceuta, donde se registraron más de 10.000 llegadas en menos de 48 horas.
El nuevo marco europeo podría permitir a los países suspender temporalmente ciertas garantías procesales para agilizar la identificación y el retorno de migrantes en crisis agudas. Sin embargo, el Gobierno español ha sido claro: solo se aplicaría a quienes no tengan derecho a protección internacional según el derecho europeo. El resto, según Marlaska, será devuelto a Marruecos en el marco de los acuerdos bilaterales existentes.
¿Qué implica este giro para la relación España-UE?
La petición de Marlaska y Saiz marca un punto de inflexión en la estrategia española frente a la migración irregular. Hasta ahora, España ha defendido una línea dura en el retorno de migrantes, pero la crisis de Ceuta ha acelerado la búsqueda de soluciones europeas. La UE, por su parte, ya ha mostrado disposición a apoyar a España con fondos adicionales y reformas legales, aunque el nuevo marco de emergencias migratorias aún debe ser negociado y aprobado por el Parlamento Europeo.
El reconocimiento de la «excepcionalidad» de Ceuta y Melilla en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) sería un paso clave para garantizar recursos adicionales en caso de nuevas crisis. Sin embargo, el Gobierno deberá negociar con otros Estados miembros, algunos de los cuales podrían oponerse a flexibilizar las normas de asilo, especialmente si se percibe como un precedente para otros países con fronteras exteriores.
Mientras, la Operación Minerva de Frontex sigue activa en las fronteras de Ceuta, Algeciras y Tarifa, con el objetivo de evitar nuevas entradas irregulares. La colaboración con Europol también se ha intensificado, centrada en desarticular redes de tráfico de migrantes y monitorizar las redes sociales para detectar posibles movimientos secundarios.
El Gobierno insiste en que no hay evidencia de que los migrantes llegados a Ceuta estén intentando desplazarse a la península. Sin embargo, la presión política y mediática sigue siendo alta, especialmente en regiones como Andalucía y Extremadura, donde algunos ayuntamientos han denunciado la llegada de migrantes desde Ceuta.
La próxima semana, el Consejo de Ministros analizará el informe sobre la gestión de la crisis en Ceuta, que incluirá datos actualizados sobre retornos, solicitudes de asilo y la situación en los centros de acogida. Mientras, Marlaska y Saiz mantendrán contactos con Bruselas para avanzar en las reformas legales solicitadas.
