El Gobierno aprueba un real decreto que exige mayor exigencia académica y frena la expansión de la oferta ‘low cost’ en carreras sanitarias y matemáticas, mientras la demanda supera las plazas públicas
Pedro Sánchez ha anunciado este viernes un real decreto que refuerza las exigencias para las universidades privadas, especialmente en carreras a distancia, con el objetivo de limitar su crecimiento en un contexto de alta demanda insatisfecha en la red pública. La medida, presentada durante una visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (iCat), obliga a que al menos el 50% de los profesores sean doctores —concretamente en cada titulación— y el 40% cuenten con contrato a tiempo completo, además de incrementar la presencialidad en áreas como la sanitaria.
El decreto, que se suma a otros dos aprobados en 2025 y 2026 contra lo que el Gobierno califica como «chiringuitos universitarios», busca evitar que centros privados aprovechen la falta de plazas en la universidad pública para ofrecer titulaciones de «calidad cuestionable», según declaró Sánchez. La norma afecta directamente a carreras con alta demanda como Medicina, Enfermería, Psicología o Matemáticas, donde las notas de corte en la pública superan los 12 puntos en muchas comunidades.
Con este anuncio, el Ejecutivo consolida una estrategia de tres frentes contra la educación privada: el real decreto de octubre de 2025 endureció los requisitos para abrir nuevos campus, mientras que otro proyecto, en tramitación desde febrero de 2026, regula la formación profesional privada. Según datos del curso 2024/25, las universidades públicas presenciales recibieron 480.000 solicitudes para apenas 245.000 plazas, lo que ha impulsado la matriculación en la privada hasta niveles récord.
¿Por qué la universidad pública pierde peso?
Sánchez atribuyó el crecimiento de la privada a dos factores: la infrafinanciación de las universidades públicas —con ejemplos como Madrid, donde 14 de sus 20 universidades son privadas, o Castilla y León, con cinco de nueve— y la falta de plazas en carreras con alta demanda. «Primero se deteriora [la pública], después se reduce su oferta y, finalmente, se presenta lo privado como la única alternativa», advirtió, usando el término «obsolescencia programada de lo público».
El Gobierno ha incrementado las plazas en la UNED —con 20.000 nuevas matrículas—, pero no ha anunciado transferencias adicionales a las comunidades autónomas para ampliar la oferta presencial. En su lugar, apuesta por limitar la expansión privada, especialmente en modalidades online, donde centros como Universidad San Pablo CEU, Hespérides o el CIS han recurrido o intentado bloquear normativas anteriores.
El precedente de los ‘chiringuitos’
El decreto de octubre de 2025 ya prohibió la apertura de nuevos campus privados sin cumplir requisitos de calidad, aunque no revocó licencias existentes. Ahora, Sánchez ha reiterado que «ningún centro universitario puede ser un chiringuito ni una franquicia expendedora de títulos», criticando la oferta de titulaciones a distancia sin garantías de presencialidad. La medida llega en un contexto de creciente polarización: mientras el Gobierno defiende la regulación, sectores como Asociación de Universidades Privadas (AUP) —que agrupa a 30 centros— ya han advertido de un «daño irreversible» para el acceso a la educación superior.
¿Qué pasa ahora?
El real decreto debe ser publicado en el BOE para entrar en vigor, aunque su aplicación podría enfrentarse a recursos legales, como los ya presentados por CEU, Hespérides o universidades internacionales. Mientras, el debate se centra en si la medida aliviará la presión sobre la pública o, por el contrario, restringirá aún más el acceso en un sistema donde el 60% de los estudiantes que superan la selectividad no logran plaza en su primera opción.
