La moción, que se debate el martes, pide evaluar pérdidas agrícolas y evitar listas cerradas de municipios afectados
El Partido Popular en la Diputación de Valencia ha presentado este lunes una moción urgente para que el Gobierno declare Zona Afectada Gravemente por Emergencia de Protección Civil a los municipios valencianos más golpeados por la tormenta del 20 de agosto.
El episodio registró rachas de hasta 149 km/h en Sumacàrcer, 143 km/h en Alzira y 142 km/h en Carcaixent, según datos oficiales. Los daños afectaron a arbolado, infraestructuras, cultivos y servicios esenciales, con especial impacto en las comarcas de Ribera Alta y Ribera Baixa, donde el sector agrícola —clave en la economía local— sufre pérdidas sin evaluar aún.
La iniciativa, impulsada por la portavoz popular Reme Mazzolari, solicita una evaluación específica de los daños en cultivos y explotaciones, así como medidas para mitigar el impacto económico. El PP valenciano critica que el Gobierno limite la ayuda a listas cerradas de municipios, cuando la gravedad del fenómeno —con rachas superiores a 130 km/h en seis localidades— exige una respuesta más amplia.
La moción se debate el próximo martes en la Diputación, donde el PP cuenta con apoyo de municipios como Algemesí, que ya aprobó por unanimidad una petición similar. Mazzolari subrayó que la propuesta «no es política, sino una necesidad para el campo valenciano», que enfrenta además subidas de costes en combustibles y plagas.
La declaración de emergencia permitiría activar ayudas estatales urgentes, aunque su tramitación depende del Ministerio del Interior. El episodio se suma a una serie de fenómenos extremos en Valencia este año, con inundaciones en mayo y sequías prolongadas que agravan la crisis agrícola.
Además, la moción destaca que la tormenta alcanzó 138 km/h en Alberic, 132 km/h en Cullera y 114 km/h en l’Alcúdia y Algemesí, lo que evidencia la extensión del fenómeno más allá de las localidades citadas inicialmente.
El PP también señala que la declaración de zona afectada gravemente habilitaría la movilización de recursos del Plan Nacional de Protección Civil, incluyendo la asignación de fondos para la reparación de infraestructuras y la asistencia directa a los agricultores.
