El Juzgado anula la convocatoria y obliga a rebajar el requisito al nivel B2, alineándose con sentencias previas contra Junts, ERC y el Parlament
El Juzgado de lo Contencioso número 12 de Barcelona ha condenado al Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el PSC, por exigir un nivel C1 de catalán a los auxiliares de laboratorio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. La sentencia, dictada el 9 de septiembre, declara nula la convocatoria y obliga a reducir el requisito al nivel B2, intermedio, tras un recurso de la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana.
El fallo subraya que no existe justificación para exigir C1 en un puesto sin funciones directas de atención ciudadana. La Fiscalía, en cambio, defendió que el conocimiento del catalán es válido como mérito para trabajar en una administración donde el idioma es cooficial, aunque no cuestionó el nivel exigido. El juez considera que el requisito era desproporcionado.
Esta condena convierte a Barcelona en el primer ayuntamiento no independentista en ser sancionado por estos criterios lingüísticos. Precedentes similares ya afectaron a Junts (Ayuntamiento de Vic, nivel B2 para operarios de cementerio), ERC (Ayuntamiento de Amposta, nivel B2 para electricistas) y al Parlament catalán (nivel B2 para choferes de la Mesa, reducido a B1 por el TSJC).
El Ayuntamiento de Amposta, condenado en mayo, llegó a penalizar errores típicos de castellanohablantes, como no pronunciar la ele palatal (“cavall”) o confundir vocales abiertas y cerradas. La sentencia de Barcelona refuerza una tendencia judicial que limita los requisitos lingüísticos en la administración pública catalana.
El recurso presentado por Convivencia Cívica Catalana fue gestionado por el abogado Ángel Escolano, quien argumentó que la exigencia de C1 era desproporcionada frente a las tareas del puesto. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, emitida en marzo, también anuló las bases de una oposición para choferes de la Mesa del Parlamento, reduciendo el requisito de catalán de B2 a B1, lo que demuestra la coherencia de la jurisprudencia en torno a la proporcionalidad de los requisitos lingüísticos en la administración pública.
