Bruselas ya advirtió de que el descuento del IVA a carburantes incumplía la normativa europea y exigió medidas selectivas; los sindicatos piden recuperar la excepción ibérica
Pedro Sánchez y su Ejecutivo afrontan este viernes una factura de 3.525 millones de euros por las medidas aprobadas desde marzo para frenar la subida de precios derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Los descuentos en IVA e impuestos especiales a hidrocarburos y electricidad han reducido los ingresos públicos hasta un punto que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya advierte: el déficit público superará el 2,7% del PIB este año, 0,8 puntos porcentuales más de lo previsto sin estas medidas.
La primera medida, una reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10% entre marzo y junio, dejó de ingresar 1.525 millones en concepto de este impuesto. La segunda, un descuento en impuestos especiales a hidrocarburos y electricidad, supuso 2.000 millones menos en recaudación. Sin embargo, la Comisión Europea ya alertó en su momento de que la rebaja del IVA a carburantes —valorada en 5.000 millones— incumplía la normativa comunitaria, al no ser una medida selectiva y temporal, como exigía Bruselas en una carta enviada a España y Polonia.
El Gobierno respondió con un segundo paquete en junio, que incluía descuentos de 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, además de ayudas específicas para transporte y agricultura. Pero la inflación sigue disparada: en agosto, los precios subieron un 4,3%, la tasa más alta desde febrero de 2023, con los carburantes al alza (16,9% el gasóleo y 30,3% la gasolina).
El Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, convocó este jueves a agentes sociales para evaluar la continuidad de las medidas. Los sindicatos exigen recuperar la excepción ibérica y una prestación para familias con ingresos bajos, mientras la patronal pide ajustar los apoyos a sectores concretos, como la industria electro intensiva.
La AIReF advierte además de que el Gobierno agotó su margen fiscal este año: sin estas medidas, el déficit habría sido del 1,9%. Su presidenta, Inés Opondría, lo dejó claro este jueves: no hay espacio para nuevos planes anticrisis.
El precedente de Bruselas: por qué el IVA a carburantes violó la ley europea
La Comisión Europea ya intervino en abril para recordar a España que la rebaja del IVA a carburantes —aprobada en marzo— incumplía la normativa comunitaria. En una carta dirigida a las autoridades españolas y polacas, Bruselas argumentó que esta medida no era selectiva ni temporal, dos requisitos clave para evitar distorsiones en el mercado único. La carta, adelantada por El País, recomendaba en su lugar reducir los impuestos especiales a hidrocarburos, como finalmente hizo el Gobierno en junio.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha disparado los precios de la energía, pero la respuesta fiscal española ha chocado con los límites de Bruselas. La AIReF ya advirtió en su informe de julio que estas medidas aumentarían el déficit en 0,8 puntos porcentuales, algo que finalmente se ha confirmado: el déficit cerrará el año en el 2,7%, frente al 1,9% sin estas ayudas.
¿Qué se juegan ahora los agentes sociales y el Gobierno?
Los sindicatos, liderados por CCOO y UGT, presionan para recuperar la excepción ibérica —un mecanismo que permite a España mantener tipos reducidos de IVA en productos básicos— y para ampliar ayudas directas a familias vulnerables. Por su parte, la patronal, representada por CEOE y Ceñime, reclama medidas focalizadas en sectores clave como la industria electro intensiva —que consume grandes cantidades de electricidad— y la agricultura, afectada por el encarecimiento de los combustibles.
El Gobierno, sin embargo, no tiene margen fiscal para nuevas medidas. La AIReF ya advirtió en julio que el déficit público superaría el 3% en 2027 si no se corrigen estas ayudas. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha insistido en que las medidas actuales deben mantenerse hasta fin de año, pero sin ampliar su alcance. La pregunta ahora es si bastarán para frenar la inflación o si el Ejecutivo deberá negociar con Bruselas para evitar sanciones por el incumplimiento de las reglas fiscales.
Mientras, la inflación sigue en máximos: el 4,3% de agosto —el más alto desde 2023— refleja que las medidas hasta ahora no han sido suficientes. La AIReF calcula que, sin un nuevo paquete, el déficit podría superar el 3% en 2027, algo que obligaría a recortes en otros ámbitos, como sanidad o educación.
El Ejecutivo ya ha convocado a agentes sociales para evaluar la situación, pero la falta de margen fiscal limita las opciones. La excepción ibérica, si se recupera, podría ser la única vía para aliviar la presión sin romper las reglas de Bruselas. Pero incluso así, el déficit seguirá creciendo, y el Gobierno deberá explicar cómo financiarlo sin caer en el desequilibrio.
El segundo paquete aprobado en junio desplegaba los descuentos hasta el 30 de septiembre, fecha que ahora marca el calendario de la negociación. A esa cláusula se suma el mecanismo previsto para el caso de que la inflación de los carburantes superase el 15%: entonces la rebaja volvería a ser de 20 céntimos por litro, un umbral que el alza del gasóleo y la gasolina en agosto acerca peligrosamente. El plan incluyó además 165 millones de euros en ayudas directas a agricultores y una rebaja del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que baja del 7% al 5% a lo largo de 2025, al 3,5% en 2027 y desaparece en 2028. El impacto conjunto de estas medidas, que el Gobierno cifró inicialmente en 1.825 millones para este año, ya supera los 2.000 millones.
Con ese telón de fondo, el nuevo paquete anticrisis que prepara el Ejecutivo llega condicionado por dos frentes: la advertencia de Bruselas sobre la selectividad y temporalidad de las ayudas, y el estrecho margen fiscal que la AIReF viene señalando mes a mes en su seguimiento. Cualquier medida que se apruebe para los últimos meses del año deberá encajar en ese doble límite, sin repetir el diseño del descuento generalizado de IVA que la Comisión Europea consideró contrario a la normativa comunitaria.
