Ana María Fuentes, única imputada en la trama de Leire Díez, declaró que solo verificó disponibilidad económica y que los servicios jurídicos del partido supervisaron los abonos
Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, tenía la última palabra en los pagos de 2024 a dos despachos de abogados que ahora investiga el juez Santiago Pedraz por su posible vinculación con la trama de la exfontanera socialista Leire Díez. Así lo declaró este martes la gerente del partido, Ana María Fuentes, única cargo orgánico imputado en la causa.
Fuentes, que solo supervisó que el PSOE tuviera fondos para los abonos, aseguró ante el juez que Cerdán, como representante legal, «tenía poder para efectuar cualquier tipo de acción». Los pagos —a los bufetes vinculados a Ismael Oliver y Jacobo Tejelo— fueron tramitados con notas de encargo que la UCO ya había señalado como presuntamente falseadas bajo sus directrices.
La investigación, enmarcada en las «cloacas del PSOE», analiza una presunta trama para obstaculizar causas judiciales contra el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez. Fuentes insistió en que los servicios jurídicos del partido verificaron la legalidad de los pagos, aunque el juez Pedraz aún debe determinar si hubo irregularidades.
El caso se centra en dos notas de encargo: una para el despacho de Oliver —vinculado a la defensa de José Manuel García‑Margallo en el caso Gürtel— y otra para Tejelo, abogado que ha representado a figuras como Felipe VI en disputas patrimoniales. La UCO ya había alertado de que Fuentes, Díez y Cerdán actuaron coordinadamente para ocultar el origen de los fondos.
Cerdán, que ocupó el cargo de secretario de Organización entre 2020 y 2023, no ha declarado aún ante el juez. Su implicación podría agravar la crisis interna en el PSOE, donde ya hay tensiones por la gestión de casos como este y la Ley de Amnistía, aprobada en 2022 y recurrida por la oposición.
En la declaración de Fuentes, la gerente del PSOE recordó que su función como directora gerente federal consistía en comprobar que el partido contara con los recursos necesarios para cubrir los abonos. Según ella, la responsabilidad de autorizar los pagos recaía en el exsecretario de Organización, y su intervención se limitó a la verificación de la disponibilidad de fondos, sin participar en la elaboración de las notas de encargo ni en la selección de los bufetes.
