La asociación pide ampliar penas a seis años para Azagra y cuatro para el exdirigente socialista; Manos Limpias querella por tráfico de influencias
Miguel Ángel Gallardo, exsecretario general de los socialistas en Badajoz y expresidente de la Diputación, y David Vigario Azagra —conocido como ‘Azagra’—, actual diputado de Cultura, enfrentan una nueva denuncia presentada este jueves por la asociación Hazte Órgano.
La acusación, basada en el auto de la Audiencia Provincial de Badajoz publicado ayer a las 13:34, exige ampliar sus condenas por prevaricación administrativa: seis años de prisión para Azagra y cuatro para Gallardo. El foco es la contratación irregular de Luis María Carrero, colaborador de David Sánchez Pérez-Castejón —hermano del presidente del Gobierno— en la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación.
Los correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) revelan que Carrero trabajaba como asesor en la Unidad de Mensaje de Moncloa antes de su incorporación oficial en 2024, dirigiéndose a Sánchez como *»querido hermanito»*. La sentencia inicial ya condenó a Carrero a 9 años de inhabilitación por prevaricación, pero dejó fuera de responsabilidad penal a Azagra y Gallardo, algo que ahora Hazte Órgano impugna.
La denuncia también reclama la devolución de los salarios percibidos por Sánchez y Carrero, aunque la Diputación de Badajoz ya confirmó que no los reclamará. Además, la asociación Manos Limpias, que inició el caso, anunció una querella contra Gallardo por el *»enchufe»* de Carrero, acusándolo de tráfico de influencias en concurso con prevaricación.
El caso se enmarca en la creación de una plaza sin funciones reales en los conservatorios de la Diputación, destinada a auxiliar a Sánchez en sus proyectos operísticos. La sentencia original condenó a 11 procesados, incluyendo a Sánchez, por irregularidades en la adjudicación del puesto.
El auto de la Audiencia Provincial, que se publicó a las 13:34, también confirmó que la asociación Hazte Órgano reserva expresamente a las acusaciones la posibilidad de emprender acciones judiciales adicionales, lo que indica que el proceso sigue abierto a nuevas alegaciones y posibles ampliaciones de la responsabilidad penal de los implicados.
