El Supremo suspende el CERA y paraliza 408.262 inscripciones; Madrid y Barcelona, las circunscripciones más afectadas
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), afectando a 408.262 nuevos votantes desde 2023. La medida, vinculada a la ley de nietos, congela también los efectos electorales para quienes ya estaban inscritos, salvo excepciones documentadas.
El Gobierno, que considera la decisión una limitación del derecho al voto, prepara un recurso al Tribunal Constitucional para evitar que la suspensión impida ejercer el sufragio en las próximas elecciones. La Abogacía del Estado evalúa dos vías: una rápida pero arriesgada (recurso en reposición en cinco días) o una más lenta (esperar a la sentencia del Supremo, prevista para diciembre 2026 o enero 2027).
El Supremo justifica la medida por el riesgo de afectar a la transparencia electoral, citando un crecimiento desproporcionado en circunscripciones clave: 115.572 nuevos votantes en Madrid y 43.439 en Barcelona. Vox ya advirtió de un ritmo de 10.000 a 16.000 inscripciones mensuales en embajadas, especialmente en Argentina, Cuba y Venezuela, donde se concentran las peticiones (más de 2,45 millones de citas solicitadas).
La suspensión también amenaza con anular la presunción de exilio establecida por la Dirección General de Seguridad Jurídica, que facilitaba la inscripción a descendientes de españoles exiliados entre 1936 y 1955. El Gobierno acusa al Supremo de desactivar un derecho consolidado, mientras la Fiscalía y la Junta Electoral Central no han recurrido la decisión.
El plazo para resolver el conflicto es ajustado: si el Constitucional rechaza la suspensión (como ha hecho en casos similares), el CERA podría quedar invalidado antes de los comicios. La Abogacía del Estado apuesta por la vía rápida, pero fuentes jurídicas consideran que la opción tiene pocas probabilidades de éxito, dado que el TC suele limitar las suspensiones a casos de privación de libertad.
Desde la notificación del auto, la Fiscalía y la Junta Electoral Central han renunciado a presentar recurso de reposición, lo que deja al Ejecutivo con la única vía de recurrir ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo, por su parte, ha intensificado la presión sobre los magistrados del Supremo, argumentando que la suspensión privaría a los ciudadanos ya nacionalizados de su derecho al voto y que la medida debe ser revisada antes de la convocatoria de elecciones.
Los magistrados del Supremo, según informes, tienen la intención de fallar dentro de dos o tres meses, lo que implicaría que la sentencia se dictaría en el último trimestre de 2026 o el primero de 2027. Esta rapidez, sin embargo, no garantiza una resolución favorable al Ejecutivo, ya que el Tribunal Constitucional, con una mayoría progresista, podría cambiar su criterio ante la relevancia constitucional del caso y la afectación al derecho de sufragio.
