Feijóo y Abascal presionan por el espionaje a móviles del Gobierno; Podemos y PNV sugieren que Rabat podría tener información sensible
Pedro Sánchez ha desmentido en dos entrevistas esta semana que el espionaje con Pegasus a sus móviles y al Gobierno en 2021 condicione su postura sobre Marruecos, pero la falta de transparencia sobre qué datos se filtraron —y las sospechas sobre su papel en la crisis de Ceuta— han reavivado las acusaciones de chantaje desde la oposición y, ahora, también desde algunos socios.
El presidente se limitó a repetir en El Intermedio (TVE) que «no hay chantaje» y que «no tenemos nada que ocultar», sin especificar qué archivos personales o de Estado fueron extraídos. Sin embargo, la opacidad persiste: ni el Gobierno ni el CGPJ han detallado públicamente el contenido de los datos sustraídos, algo que contrasta con el caso francés, donde el Parlamento investigó en profundidad el espionaje a políticos. La derecha aprovecha el vacío: Alberto Núñez Feijóo le preguntó el 3 de septiembre en el Congreso «¿qué sabe Marruecos de usted?» y Santiago Abascal le lanzó: «¿Qué le debe a los atacantes que no se atreve a señalarlos?».
El giro de 180 grados en la política saharaui —de reconocer la soberanía marroquí en 2022 a pedir ahora «respuestas contundentes» por la crisis de Ceuta— alimenta las teorías. El PNV y Podemos, socios parlamentarios, han evitado acusar directamente, pero plantean dudas: Ione Belarra (Podemos) sugirió que «quizás Marruecos tiene demasiada información del presidente», mientras Aitor Esteban (PNV) recordó en El Correo que «el espionaje con Pegasus coincidió con el cambio de postura sobre el Sáhara». Sumar y ERC, en cambio, rechazan la tesis del chantaje, pero exigen igual que Sánchez aclare qué interlocución mantuvo con Rabat tras los hechos del 30 y 31 de julio.
La crisis de Ceuta —72.000 personas cruzaron irregularmente la valla en julio— ha agravado las tensiones. Sánchez pasó de calificar el episodio de «violación de la integridad territorial» a hablar ahora de «crisis humanitaria», un cambio que la oposición interpreta como cedencia. Feijóo exigió ayer en el Congreso que el Gobierno «deje de proteger a Marruecos» y presentara pruebas de su responsabilidad. Mientras, el Ejecutivo prepara la desclasificación de documentos sobre los hechos, pero sin confirmar si incluirá conversaciones directas con el rey Mohamed VI.
El caso Pegasus sigue sin resolverse: en 2021, el Gobierno español denunció que el software espió a 65 personas, entre ellas Sánchez. Sin embargo, ni la Fiscalía ni el CGPJ han hecho públicas las conclusiones definitivas. La falta de transparencia —y el silencio sobre qué archivos concretos se filtraron— alimenta las sospechas. Mientras, Marruecos niega cualquier implicación en el espionaje y en la crisis migratoria.
