El líder de Vox advierte de un posible ‘golpe’ judicial contra la ley de los nietos y denuncia presión del Gobierno al Tribunal Constitucional
Santiago Abascal ha acusado este miércoles al Partido Popular de «irresponsabilidad» por dar por «derrotado» a Pedro Sánchez, advirtiendo de que el presidente del Gobierno «va a intentar todo para seguir en el poder y salvar de la cárcel a los suyos».
La advertencia llega tras las informaciones que vinculan al Gobierno con una estrategia para llevar al Tribunal Constitucional la suspensión del derecho a voto de los afectados por la ley de los nietos, nacionalizados en virtud de la normativa. Abascal, en su cuenta de X, denunció que «ya ni esconden que van a dar un golpe, perpetrado por Sánchez y su mafia, contra los españoles y su soberanía».
El líder de Vox se refiere a la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto de quienes obtuvieron la nacionalidad por esta ley, una medida que el Gobierno podría intentar anular en el Constitucional, donde tiene mayoría progresista. Según el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, la formación sospecha que el Ejecutivo busca «beneficiarse» de esa mayoría para desmontar la operación antes de las próximas elecciones. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, habría presionado al Alto Tribunal para que resuelva antes del 23J.
El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, ha generado dudas sobre su alineación con el Gobierno tras discrepar en el pasado de decisiones judiciales clave. La ley de los nietos, aprobada en 2015, permite la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados durante la dictadura, pero su aplicación ha sido recurrida por partidos como el PP y Vox por considerarla una «amnistía encubierta».
La estrategia del Gobierno, según Vox, busca evitar que el Supremo mantenga la suspensión del voto de los afectados, lo que afectaría a miles de personas. El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) incluye a más de 100.000 ciudadanos nacionalizados por esta vía, muchos de ellos con residencia en Latinoamérica. La presión sobre el Constitucional, según Fúster, responde a un intento de «salvar» a los implicados en casos judiciales, como los ERE andaluces.
