El vicesecretario de Hacienda del PP acusa al Gobierno de ignorar la «invasión» de Ceuta con datos concretos: 80.000 personas, 1.000 menores sin tutela y «niños con gas pimienta»
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, ha interrumpido este miércoles la sesión de control al Congreso con dos fotografías: una con machetes de grandes dimensiones y otra con la espalda herida de una persona. «Esto es lo que llevan —ha dicho señalando los machetes— y esto para lo que lo utilizan», ha afirmado, cuestionando la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta.
Bravo ha acusado al Ejecutivo de desconectar de la realidad de la ciudad autónoma. «No sé si ustedes saben que Ceuta es España, pero lo que sí sé es que a ustedes Ceuta, Melilla y España les queda muy grande», ha lanzado, antes de mostrar las imágenes como prueba de la «sensación subjetiva de seguridad» que, según él, el Gobierno ignora. Las fotos, difundidas en redes, ya habían circulado en medios.
El diputado popular ha centrado su intervención en los menores sin tutela —entre 700 y 1.000, según el Gobierno— y en la «invasión» de 80.000 personas que, en su versión, han entrado en Ceuta desde finales de julio. «¿Le parece normal que haya 16.000 niños con miedo? ¿Que muchos lleven en su mochila el desayuno, el estuche y un gas pimienta para defenderse?», ha preguntado directamente al vicepresidente Carlos Cuerpo, al que ha acusado de normalizar la situación.
La intervención de Bravo ha escalado la tensión en el Congreso, donde el PP lleva semanas criticando la respuesta del Gobierno a la crisis. El Ejecutivo, por su parte, mantiene que la situación está bajo control, aunque reconoce la presencia de menores no acompañados en las calles. La polémica se enmarca en un debate más amplio sobre la gestión de la migración irregular, con el PP exigiendo medidas urgentes y el Gobierno defendiendo su plan de acogida y repatriación.
Ceuta, con una población de 85.000 habitantes, enfrenta desde julio un aumento sin precedentes de llegadas irregulares. El conflicto político se agrava por la falta de consenso entre partidos y la presión social en la ciudad, donde asociaciones vecinales denuncian falta de recursos y seguridad. Mientras, el Gobierno y el PP se acusan mutuamente de obstruir soluciones, en un pulso que trasciende lo migratorio y toca fibras identitarias como la soberanía territorial.
